La empresa estatal Boliviana de Aviación cuestiona la decisión judicial y exige sanciones más severas.
BoA, por medio de su gerente Mario Borda, expresó su oposición a que los implicados queden en casa, calificando esta medida como una “querella insuficiente” ante presuntos delitos graves como contrabando y enriquecimiento ilícito. La aerolínea también presentó una querella por los artículos 181 y 181 Decis del Código Tributario.
Tanto BoA como la Fiscalía buscan que se revoque la decisión y se imponga detención preventiva. La investigación incluye a seis estibadores que ya declararon, y que también pueden ver ampliados sus cargos.
La apelación se basa en el riesgo de fuga, la posible obstrucción de la investigación y la naturaleza sistémica de la organización criminal detectada, que incluso estaría operando con cámaras de seguridad y apoyo de Naabol.