La ofensiva de grupos radicales en el norte de Potosí deja su primera víctima fatal entre las fuerzas del orden. La población denuncia abandono estatal y pide garantías urgentes.
Llallagua vivió este miércoles una jornada crítica marcada por el dolor y la indignación. Un teniente de la Policía Boliviana, identificado como Jorge Barrozo, falleció tras ser alcanzado por un disparo durante una emboscada ejecutada por grupos afines al expresidente Evo Morales, en momentos en que la fuerza pública intentaba despejar rutas bloqueadas en el norte de Potosí.
La emboscada ocurrió pasado el mediodía, cuando un contingente de policías y militares avanzaba por la carretera con el fin de retomar el control del municipio y habilitar el tránsito, interrumpido hace más de una semana. Desde las laderas, según testigos y fuentes oficiales, descendieron personas armadas con piedras, dinamita y armas de fuego. Los uniformados fueron obligados a replegarse.
El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, confirmó que Barrozo fue uno de los dos policías gravemente heridos durante el ataque. Aunque fue trasladado de urgencia al hospital Madre Obrera, falleció minutos después de su ingreso. La otra víctima policial permanece internada bajo observación médica.
«Este no es un conflicto social ordinario. Se está atentando contra la vida de los policías con armas letales. El teniente tenía una herida de bala confirmada», declaró Aguilera en una entrevista con medios estatales. Añadió que el Estado no permitirá que se imponga la violencia como método de presión.
La situación en Llallagua ha escalado a niveles alarmantes. Las movilizaciones encabezadas por ayllus identificados con el ala radical del MAS han degenerado en actos de violencia extrema. La senadora Ana María Castillo denunció que, además del fallecimiento del teniente, los vecinos se encuentran sitiados y sin acceso a servicios básicos, alimentos ni gas domiciliario.
“La gente está desesperada. Por eso ha salido a apoyar a los policías. Han levantado barricadas, no porque quieran enfrentar a nadie, sino porque quieren proteger a sus familias y evitar nuevos saqueos como los del martes”, afirmó la legisladora.
Castillo también advirtió que los grupos bloqueadores estarían convocando a refuerzos de otras regiones del país, lo que podría agravar aún más el conflicto en los próximos días. «Se teme que esto se convierta en un enfrentamiento a gran escala», alertó.
La presencia militar en el área fue confirmada por la asambleísta departamental Azucena Fuertes, quien explicó que incluso paracaidistas fueron desplegados, pero también se vieron sorprendidos por la emboscada. «No es solo una protesta. Están usando armas. Es inaceptable», manifestó.
Mientras tanto, el operativo de desbloqueo continúa con refuerzos desde otras regiones. El Gobierno prometió garantizar el libre tránsito y proteger a la población, pero los hechos violentos han generado desconfianza sobre la capacidad del Estado para controlar la situación.
El fallecimiento del teniente Barrozo marca un punto de inflexión. No solo por la gravedad del hecho, sino porque evidencia la radicalización de algunos sectores movilizados, que han pasado del bloqueo de rutas a la confrontación armada. La ciudadanía exige que se tomen medidas urgentes y ejemplares para evitar más muertes y restablecer el orden.
Por su parte, el Ministerio Público anunció que se ha abierto una investigación para identificar a los autores del ataque y llevarlos ante la justicia. La Fiscalía ya cuenta con indicios sobre los posibles responsables, y no se descarta que se emitan órdenes de aprehensión en las próximas horas.