El exministro cuestiona los motivos de la investigación, asegura que no encontró acusaciones por enriquecimiento ilícito y reclama explicaciones sobre las fallas atribuidas al sistema contratado.
El exministro de Defensa Javier Zabaleta anunció que acudirá este lunes 16 de noviembre a declarar ante la Fiscalía Departamental de La Paz, después de recibir una notificación mediante cedulón en calidad de sindicado por el denominado caso Radares. La exautoridad calificó el proceso como una «arremetida política» y cuestionó los argumentos que sustentan la investigación en su contra.
Zabaleta confirmó su asistencia pese a expresar reparos por la manera en que fue notificado. Según explicó, revisó los antecedentes del proceso y no encontró que se lo acuse de haberse enriquecido ilícitamente o de haber obtenido beneficios económicos personales mediante el proyecto de adquisición e implementación de radares.
La comparecencia está prevista para las 10:00 del lunes, de acuerdo con la citación fiscal. El exministro deberá presentarse acompañado de su abogado defensor para prestar su declaración informativa dentro de las investigaciones.
CUESTIONA LOS ARGUMENTOS DE LA DENUNCIA
Una de las principales observaciones de Zabaleta está relacionada con el alcance de las acusaciones. La exautoridad sostuvo que no se le atribuye haberse «robado dinero público» mediante el proyecto y cuestionó que las explicaciones oficiales no precisen cuáles son los problemas que actualmente impiden el funcionamiento adecuado de los equipos.
También reclamó que el Ministerio de Defensa no haya explicado con claridad qué aspectos del sistema de radares «no están funcionando», pese a que las deficiencias operativas forman parte de los argumentos expuestos para impulsar la investigación.
El exministro considera que detrás del proceso existiría la intención de que el proyecto sea descartado. En sus declaraciones, manifestó que se estaría buscando que el sistema «se baje», interpretación con la que fundamentó su denuncia de una supuesta persecución política.
UNA INVESTIGACIÓN QUE ALCANZA A CUATRO EXMINISTROS
La investigación se originó en una querella presentada por el actual ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, contra 19 personas, entre ellas exautoridades, exfuncionarios, responsables técnicos y representantes de la empresa contratista. La denuncia apunta a presuntas irregularidades en la contratación y ejecución del Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo (Sidacta).
Además de Zabaleta, están involucrados los exministros Reymi Ferreira, Luis Fernando López y Edmundo Novillo, quienes estuvieron al frente de Defensa durante distintas administraciones gubernamentales. Novillo ya compareció ante el Ministerio Público y recibió detención domiciliaria.
El caso tiene como antecedente un contrato suscrito en agosto de 2016 con la empresa francesa Thales para la provisión e instalación de 13 radares destinados a la vigilancia aérea civil y militar. El proyecto también contemplaba centros de control, sistemas de comunicación, infraestructura, programas informáticos, capacitación y transferencia tecnológica.
La inversión superó los 191 millones de euros y el contrato establecía inicialmente un plazo de 31 meses para entregar el sistema completo y en funcionamiento. Sin embargo, durante su ejecución se aprobaron siete contratos modificatorios que ampliaron los tiempos y cambiaron algunas condiciones del acuerdo original.
AUDITORÍA REPORTÓ DEFICIENCIAS EN LOS EQUIPOS
Los resultados de una auditoría interna también forman parte de los antecedentes presentados por el Ministerio de Defensa. Según la información difundida por el Gobierno, de los 13 radares instalados, nueve presentaban observaciones técnicas y otros dos estaban fuera de funcionamiento.
El informe identificó un avance físico del 100% y una ejecución financiera del 97,85%, pese a las deficiencias registradas en los equipos. A partir de estos antecedentes, el Ministerio de Defensa denunció un posible daño económico al Estado superior a los 1.478 millones de bolivianos.
La investigación busca establecer si existieron responsabilidades penales en las decisiones administrativas, modificaciones contractuales, recepción y ejecución del proyecto. Entre los delitos contemplados en la denuncia figuran contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
