La estatal petrolera canceló un proceso clave de control de calidad, evitó ejecutar garantías y difundió comunicados contradictorios, mientras miles de usuarios afrontan daños mecánicos causados por gasolina certificada oficialmente.
La suspensión del proceso contractual para el control de calidad y cantidad de combustibles en YPFB dejó al descubierto una gestión fragmentada, con versiones oficiales que no coinciden entre sí y una cadena de decisiones administrativas que terminó protegiendo contratos antes que a los usuarios afectados.
La decisión de dejar sin efecto el proceso de selección para la inspección de combustibles se sustentó en argumentos procedimentales. La presidencia de YPFB, a cargo de Yussef Akly, afirmó que no existía adjudicación firme y que se detectaron incongruencias en las ofertas presentadas, razón por la cual el proceso fue cancelado conforme a normas internas. La explicación se centró en plazos, relanzamientos y ajustes técnicos, sin vincular esa determinación con la crisis generada por la gasolina distribuida.
La documentación administrativa revela otro eje. La anulación no se apoyó en fallas técnicas del servicio ni en incumplimientos de la empresa inspectora, sino en la aplicación del Decreto Supremo 5516, que modificó reglas de contratación pública. Ese cambio normativo permitió cerrar el proceso sin activar mecanismos de protección contractual, aun cuando existían daños comprobados en vehículos a nivel nacional.
El antecedente directo es el contrato por Bs 8.892.252 adjudicado a Camin Cargo Control Argentina S.A. Sucursal Bolivia, destinado a certificar cantidad y calidad de carburantes en 45 plantas de almacenamiento durante la gestión 2026. Ese contrato exigía una boleta de garantía equivalente al siete por ciento del monto total, instrumento diseñado precisamente para cubrir incumplimientos o perjuicios al Estado.
Durante la vigencia de ese servicio, la gasolina comercializada provocó fallas en motores, inyectores y bombas de combustible. Talleres mecánicos y usuarios reportaron daños reiterados, mientras no se emitieron alertas técnicas ni se activaron controles preventivos. La certificación de calidad se mantuvo, pese a la evidencia de afectación masiva.
En este escenario, YPFB optó por cerrar el proceso administrativo sin ejecutar garantías, sin iniciar auditorías técnicas y sin establecer responsabilidades internas o externas. La resolución que cancela la selección se limita a justificar ajustes normativos y evita cualquier referencia a sanciones o incumplimientos contractuales.
La situación se complejizó con la difusión de comunicados oficiales sucesivos y contradictorios. En un primer pronunciamiento, YPFB aseguró que Camin Cargo Control Argentina certificó que la Gasolina Especial Plus cumplía con las especificaciones técnicas, tras muestreos realizados en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. El mensaje oficial destacó una supuesta actuación inmediata y transparente.
Días después, otro comunicado negó la existencia de una contratación por más de Bs 8 millones, señalando que solo se trataba de un proceso de invitación internacional publicado en diciembre de 2025 y que nunca fue adjudicado. Finalmente, un nuevo documento admitió que el proceso fue terminado en febrero de 2026 por ajustes técnicos, aclarando que no se llegó a firmar contrato ni a constituir garantías en esa etapa.