Autoridades admiten fallas de control interno, apuntan a subsidiaria logística y mantienen distribución nacional pese a daños vehiculares reportados, investigaciones en curso y promesas oficiales de corrección operativa inmediata verificada.
La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos presentó una nueva versión oficial para explicar la mala calidad del combustible que afectó a miles de motorizados, principalmente en Santa Cruz y Beni. La línea central del pronunciamiento traslada la responsabilidad a YPFB Logística, la subsidiaria encargada de verificar especificaciones técnicas y resguardar los estándares del producto antes de su comercialización. Pese a ello, la venta de carburantes continúa en todo el país sin que exista, hasta ahora, una explicación técnica concluyente que libere a la empresa del problema.
La denuncia inicial sobre una posible “mano negra” fue expuesta por el presidente de YPFB, Yussef Akly, y reforzada posteriormente por el Ministerio de Hidrocarburos. Desde esa instancia se informó que los controles que debían ejecutarse en la cadena logística no detectaron a tiempo una mezcla que, aun cumpliendo parámetros formales de laboratorio, terminó generando fallas en motores y sistemas de combustión. Las declaraciones fueron realizadas en entrevistas radiales y comunicados institucionales difundidos por canales oficiales.
El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, señaló de manera directa a funcionarios de YPFB Logística como responsables del ingreso de gasolina en mal estado al mercado interno. La autoridad sostuvo que la investigación se concentrará en esa unidad porque allí se verifican los procesos de recepción, almacenamiento y despacho. Según su explicación pública, existían controles suficientes para advertir riesgos asociados a residuos acumulados en tanques, pero estos no funcionaron como correspondía.
Desde el Ejecutivo se añadió otro elemento: la herencia de años de importaciones con estándares deficientes habría dejado sedimentos en la infraestructura de almacenaje. Medinaceli afirmó que esos residuos contaminaron el nuevo combustible adquirido por la estatal. Esta versión fue respaldada con reportes técnicos internos que identificaron tanques con material dañino, posteriormente retirados del sistema, según la información oficial.
La dimensión humana del problema quedó expuesta en talleres mecánicos y estaciones de servicio, donde propietarios de vehículos reportaron pérdidas económicas, paralización de actividades y gastos no previstos. Transportistas y trabajadores que dependen del motorizado para generar ingresos señalaron daños en inyectores, bombas y filtros. Estos testimonios fueron recogidos por medios locales y confirmados por asociaciones del sector automotor, que exigieron respuestas claras y reparación de perjuicios.