Contratos, actas y cuadros de precios de YPFB muestran alzas del premio por barril entre dos gestiones, con un costo adicional mensual cercano a cuatro millones dólares para el Estado.
La denuncia por un sobreprecio mensual de cuatro millones de dólares en la compra de crudo se apoya en documentación administrativa de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Los respaldos son contratos, informes de selección y actas de adjudicación que detallan valores por barril, volúmenes comprometidos y puntos de entrega, todos emitidos por la propia empresa estatal.
El análisis de esos registros permite contrastar dos procesos de contratación. En 2024, YPFB suscribió el contrato GLC/ULGD N.º 48 con la firma Botrading S.A. para el suministro de crudo y condensado al mercado interno. Para la gestión 2026, la estatal resolvió adjudicar el mismo abastecimiento a Trafigura Pte Ltd, conforme a un procedimiento administrativo sustentado en la modalidad de menor precio.
La diferencia relevante no se encuentra en la calidad del crudo ni en las rutas logísticas. El punto central está en el valor del denominado “premio” por barril, un componente que se suma a la cotización internacional del WTI, al flete y a otros gastos operativos para definir el precio final que paga YPFB con recursos públicos.
Los documentos del contrato con Botrading consignan premios de 9,10 dólares por barril para el punto de entrega de Pocitos, en Yacuiba, y de 18,41 dólares por barril para la terminal Sica Sica, en Arica. Los volúmenes referenciales establecidos alcanzan hasta 150.000 barriles en Pocitos, 600.000 barriles en Tiguipa, Chuquisaca, y 200.000 barriles en Arica. El monto máximo autorizado para ese contrato asciende a 89,69 millones de dólares.
En contraste, las actas de adjudicación correspondientes a la gestión 2026 muestran un incremento marcado en esos valores. El premio aprobado para Pocitos sube a 20,88 dólares por barril y para Arica se fija en 22,88 dólares por barril. Los registros oficiales señalan que las condiciones de entrega y el tipo de suministro se mantienen dentro de los parámetros habituales utilizados por la estatal.
La aplicación de estos premios a los volúmenes demandados por YPFB produce una diferencia económica directa. La comparación entre los valores vigentes en 2024 y los aprobados para 2026 arroja un incremento aproximado de cuatro millones de dólares adicionales por mes, atribuibles únicamente al aumento del premio por barril. La cifra surge de cálculos simples basados en datos expresos contenidos en los contratos y cuadros de precios.
Este incremento documentado activó acciones de fiscalización. El diputado Rolando Pacheco confirmó públicamente que se encuentra preparando una denuncia penal por presunto daño económico al Estado, sustentada en los documentos administrativos que detallan precios, volúmenes y empresas adjudicatarias. Señaló que la revisión de estos contratos responde a la obligación legal de controlar el uso de fondos públicos.
Pacheco identificó como responsables administrativos al Ministerio de Hidrocarburos y a la presidencia de YPFB, recordando que la empresa opera bajo tuición directa del Órgano Ejecutivo. Sus afirmaciones se basan en la lectura de los registros oficiales que muestran la evolución de los precios aprobados para el suministro de crudo.
