El expresidente afirma haber liquidado toda la deuda externa, pero registros del Banco Central de Bolivia, FMI y Banco Mundial muestran que su discurso es falso y que los compromisos internacionales pesaban sobre el país.
Cada vez que Jorge “Tuto” Quiroga se presenta ante el electorado, repite con firmeza que durante su presidencia (2001–2002) Bolivia pagó toda su deuda externa y que lo que quedaba fue condonado.
Para muchos ciudadanos, este discurso suena a demostración de responsabilidad y eficiencia. Sin embargo, la historia económica de Bolivia y los informes oficiales del Banco Central de Bolivia (BCB), del FMI y del Banco Mundial muestran un panorama muy distinto: la deuda no desapareció, la condonación fue parcial y dependió de estrictas condiciones externas.
Cuando Quiroga asumió la presidencia tras la renuncia de Hugo Banzer, la deuda externa pública de Bolivia alcanzaba aproximadamente 5.000 millones de dólares, según el Estado Mensual de la Deuda Pública Externa de Mediano y Largo Plazo del BCB. Durante su mandato se pagó el servicio de deuda, que incluye capital e intereses, por alrededor de 400 a 500 millones de dólares, pero al concluir su gestión en agosto de 2002 la deuda todavía se situaba en unos 4.500 millones de dólares.
Esto demuestra que, a pesar de los esfuerzos de su gobierno, la deuda persistía y no había sido liquidada totalmente.
El mecanismo que permitió cierta reducción de la deuda fue la Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados (HIPC II), coordinada por el Banco Mundial y el FMI. Según el documento oficial Bolivia – Enhanced Heavily Indebted Poor Countries (HIPC), publicado por el Banco Mundial en 2001, Bolivia logró una condonación de aproximadamente 1.300 millones de dólares en valor presente neto.
La condición para acceder a este alivio no era menor: “Los países deben demostrar capacidad de pago y mantener políticas macroeconómicas estables para calificar para el HIPC” (World Bank, 2001). Es decir, no se trató de una decisión unilateral del gobierno boliviano, sino de un esquema internacional con reglas estrictas.
Para acceder al alivio, Bolivia aceptó una serie de compromisos que afectaron la conducción económica y social del país:
- Disciplina macroeconómica: bajo el programa del FMI Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF), Bolivia debía mantener la inflación controlada, déficit fiscal bajo supervisión y un tipo de cambio estable. El IMF Country Report No. 06/273 indica: “El cumplimiento estricto de los objetivos macroeconómicos fue condición indispensable para recibir el alivio de deuda HIPC II”.
- Cumplimiento puntual de pagos: aunque se condonaba una parte de la deuda, el país debía mantener al día el servicio de los pasivos restantes. Un atraso podía suspender el beneficio.
- Privatizaciones y reformas estructurales: el Banco Mundial exigió continuar con la liberalización del sistema financiero, la privatización de empresas públicas y la expansión de la base tributaria. Como señala un informe de UDAPE (La deuda externa de Bolivia 1970–2003): “El HIPC II implicó aceptar políticas de ajuste estructural que limitaban la discrecionalidad del gobierno en decisiones económicas estratégicas”.
- Uso condicionado de recursos: los fondos liberados por la condonación no podían emplearse libremente. Debían destinarse a programas de lucha contra la pobreza, como salud primaria y educación básica, dentro de la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP) aprobada por los organismos multilaterales.
- Monitoreo externo constante: todos los desembolsos y las reducciones de deuda estaban sujetos a auditorías y reportes periódicos de los acreedores internacionales.
En palabras sencillas, Bolivia no “pagó toda la deuda”, sino que cumplió con una serie de compromisos estrictos y supervisados desde el extranjero, mientras continuaba cargando con un pasivo significativo al finalizar la presidencia de Quiroga.
La reducción parcial de la deuda permitió cierto respiro, pero la mayoría del dinero pendiente permaneció como obligación del país.
El estudio de UDAPE refuerza esta idea: al cierre de 2001, el alivio acumulado por HIPC I y II rondaba 1.400 millones de dólares, mientras que la deuda pendiente seguía siendo de 4.500 millones de dólares.
El Banco Central de Bolivia y la CEPAL confirman estos números. Es decir, el país quedó con una carga financiera importante y condicionada a políticas dictadas desde organismos multilaterales.
El relato de Tuto Quiroga se desploma frente a la evidencia: no existe registro oficial que respalde la idea de que Bolivia “pagó toda la deuda y se condonó lo que quedaba”. En cambio, la realidad demuestra que la condonación parcial estuvo vinculada a estrictas condiciones macroeconómicas, reformas estructurales y supervisión externa, dejando una deuda significativa y limitando la soberanía económica del país.
En conclusión, el discurso electoral de Tuto sobre la deuda es un mito político que intenta construir una imagen de eficiencia administrativa, cuando en realidad su gobierno solo administró una parte del HIPC II, con beneficios limitados y bajo control internacional.
La verdad económica es que Bolivia siguió con deuda, con compromisos condicionados y con poca libertad para decidir sobre sus propios recursos.
Los documentos del BCB (2002), Banco Mundial (2001) y IMF (2006) son contundentes y dejan claro que la narrativa oficial de Quiroga no corresponde con la realidad histórica.