Estados Unidos intensifica presiones sobre Venezuela para controlar producción petrolera, imponiendo contratos y exclusividades, mientras busca desplazar a China, Rusia, Irán y aliados de toda la región.
El interés del gobierno estadounidense por los recursos energéticos de Venezuela ha escalado a niveles sin precedentes, concentrándose especialmente en la extracción y comercialización del petróleo. Fuentes oficiales y reportes de medios internacionales coinciden en que la administración de Donald Trump ha buscado activamente garantizar la llegada de compañías estadounidenses a los campos petroleros venezolanos, imponiendo condiciones y acuerdos que aseguren que la mayor parte del beneficio permanezca bajo control de Washington.
Recientes declaraciones del presidente Trump indicaron que entre 30 y 50 millones de barriles de crudo venezolano podrían ser destinados a Estados Unidos, bajo el argumento de que los ingresos se utilizarían en beneficio de los pueblos estadounidense y venezolano. Sin embargo, documentos internos y reportes periodísticos de ABC News señalan que la Casa Blanca ha demandado que Estados Unidos sea el único socio en la extracción petrolera y que se den preferencias comerciales exclusivas a compradores estadounidenses, además de exigir la expulsión de China, Rusia, Irán y Cuba de cualquier acuerdo energético con Caracas.
Este interés estratégico no es nuevo. Desde finales de 2023, antes del secuestro temporal del presidente Nicolás Maduro, la administración estadounidense había implementado un bloqueo naval y había incautado al menos dos petroleros frente a las costas venezolanas, asegurando que el petróleo transportado quedara bajo custodia de Washington. En entrevistas, Trump reiteró que la intención es recuperar una posición que considera histórica en el sector, responsabilizando a Venezuela de la pérdida de activos energéticos y de infraestructura petrolera deteriorada, según reportó Politico.
El involucramiento directo de las empresas petroleras estadounidenses es un elemento central en esta estrategia. Washington ha discutido incentivos como contratos firmados por el propio gobierno, garantías de pago y seguridad, y la creación de sociedades mixtas público-privadas. Además, medios como el Washington Post han informado que la Casa Blanca solicitó modificaciones urgentes a la legislación petrolera venezolana para favorecer la entrada de compañías estadounidenses. Financial Times agrega que refinerías de EE.UU. se preparan para un aumento de importación de crudo venezolano, lo que las posicionaría como principales beneficiarias de esta operación.
No obstante, el apetito de Estados Unidos va más allá del petróleo. Publicaciones internacionales, como el South China Morning Post, destacan que el control sobre Venezuela forma parte de una disputa geopolítica con China, vinculada a tierras raras y minerales estratégicos para la industria de defensa y tecnología avanzada. Venezuela posee yacimientos importantes de oro, plata y diamantes, así como depósitos de tierras raras cuya cuantía exacta no ha sido publicada, pero que son claves para la producción industrial y militar estadounidense.
Autoridades venezolanas han denunciado que la justificación oficial de Washington —la lucha contra el narcotráfico— no corresponde con la realidad. Delcy Rodríguez, presidenta encargada del país, declaró que la agresión estadounidense tiene como único objetivo el cambio de régimen y la apropiación de recursos estratégicos, afirmando que las acciones de Trump buscan quedarse con el petróleo sin ningún pago a cambio, una postura que había adelantado durante su campaña presidencial de 2024.
El escenario actual refleja un patrón de presión directa sobre Venezuela para asegurar un control unilateral de los recursos. Desde bloqueos y confiscaciones hasta negociaciones con empresas privadas bajo contratos gubernamentales, la estrategia estadounidense combina la coerción política con la intervención económica, dejando en evidencia que la ambición por el petróleo venezolano es central en la agenda de Washington.