La reforma impulsada por Nayib Bukele permite mantener encarceladas hasta siete años a casi 90.000 personas, muchas sin pruebas sólidas, en una guerra contra las pandillas que desdibuja los límites del Estado de derecho.
Con datos de EL PAÍS de España
El 1 de junio, Nayib Bukele, en el inicio de su segundo mandato consecutivo, subió al podio frente a miles de simpatizantes para reafirmar lo que, en sus palabras, era una promesa de hierro: “No los vamos a liberar ya, ni nunca”. Se refería a las casi 90.000 personas detenidas bajo el régimen de excepción, instaurado desde marzo de 2022. La frase, convertida rápidamente en consigna política, simboliza hoy el núcleo de una transformación jurídica y moral que ha redefinido la justicia en El Salvador.
Dos meses más tarde, el 15 de agosto, la Asamblea Legislativa —de control absoluto oficialista— aprobó una serie de modificaciones a la Ley contra el Crimen Organizado, un conjunto de reformas que consolidan esa promesa. Los cambios permiten mantener encarceladas hasta por siete años a las personas acusadas de vínculos con pandillas, incluso si no existen pruebas o sentencias en su contra.
El fiscal general Rodolfo Delgado celebró las reformas como un “avance histórico” que, según dijo, “corrige los errores de un sistema hipergarantista”. En su discurso ante los diputados de la Comisión de Seguridad, Delgado defendió que las nuevas normas evitarán que los jueces “liberen a criminales por tecnicismos”. Para los organismos de derechos humanos, sin embargo, estas palabras son el reflejo de un deterioro profundo: el paso de un sistema que, pese a sus fallas, respetaba garantías mínimas, hacia otro que criminaliza la sospecha.
EL ESTADO DE EXCEPCIÓN COMO NORMALIDAD
El régimen de excepción, previsto originalmente en la Constitución salvadoreña como una medida temporal, ha sido prorrogado 41 veces. En más de tres años, se han suspendido de forma continua derechos fundamentales como la defensa legal efectiva, la inviolabilidad del domicilio y el plazo razonable de detención.
Bajo esta figura, el Ejecutivo y el Legislativo han tejido una red de reformas que endurecen penas, amplían plazos procesales y permiten juzgar a menores de edad como adultos. Con las modificaciones de agosto, la Fiscalía tiene hasta 2027 para formalizar acusaciones contra los detenidos. En la práctica, esto significa que miles de personas podrían pasar cinco años en prisión preventiva antes siquiera de ser imputadas formalmente.
El resto del proceso podría extenderse otros dos años, de modo que un acusado inocente podría permanecer encarcelado siete años sin sentencia firme. El riesgo se agrava por la posibilidad de reabrir juicios “cuando surjan nuevos elementos”, lo que deja la puerta abierta a una prisión virtualmente indefinida.
El resultado es un sistema judicial paralizado, saturado y sometido al poder político. “Estamos ante un modelo en el que la excepción se ha vuelto regla”, advierte un informe reciente de la organización Cristosal, que documenta miles de detenciones sin orden judicial ni sustento probatorio.
UNA JUSTICIA HECHA A MEDIDA
Desde su llegada al poder, Bukele ha transformado el aparato judicial. En 2021, la Asamblea Legislativa destituyó de forma fulminante a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general, reemplazándolos por funcionarios afines. Poco después, se ejecutó una purga judicial que jubiló de manera obligatoria a jueces mayores de 60 años, sustituidos por perfiles leales al Ejecutivo.
El mensaje fue claro: el que no acate la línea oficial puede terminar “en una celda a la par de los criminales”, como el propio presidente advirtió en una conferencia.
Las nuevas reglas han introducido jueces anónimos y juicios masivos, donde cientos o miles de acusados son procesados simultáneamente por pertenecer —según la Fiscalía— a la misma estructura criminal. Con ello, se diluye la individualidad de los casos y se reduce el papel de la defensa a un trámite formal.
“En lugar de reforzar la lucha contra el crimen, se ha creado una maquinaria de detención sin control judicial efectivo”, señala un abogado penalista de San Salvador que pide reserva de su identidad por temor a represalias. “No hay garantías, no hay contradicción de pruebas, no hay jueces independientes”.
VIDAS DETENIDAS: EL CASO DE JONATAN
Entre las miles de historias que componen esta estadística, la de Jonatan, un joven mecánico de 28 años, sintetiza el drama humano que vive el país.
Su madre, Ana, recuerda con precisión el día en que lo capturaron: “Fue en marzo, la primera semana del régimen. Él estaba almorzando en un comedor junto al taller donde trabajaba. La Policía llegó, arrestó a dos pandilleros que estaban comiendo ahí, pero también se llevó a mi hijo, a su compañero y al dueño del local”.
Desde entonces, Jonatan ha pasado tres años y cinco meses en prisión sin sentencia. Ana lo visita cuando puede, llevando paquetes de comida y artículos de limpieza. “Tengo su cama lista, la ropa doblada, sus zapatos en su lugar. Todos los días me digo que hoy puede volver”, dice con voz temblorosa.
Ha gastado más de 6.000 dólares en alimentos, abogados y trámites. Tres defensores distintos han pasado por su caso, sin lograr avances. “El último solo me dijo que está vivo. De ahí, nada más”, cuenta.
Como Jonatan, decenas de miles de personas viven atrapadas en un limbo legal. Amnistía Internacional calcula que más del 70% de los detenidos podrían permanecer encarcelados siete años sin juicio.
EL SILENCIO OFICIAL Y LAS CIFRAS OCULTAS
El Gobierno ha declarado la información de seguridad como secreto de Estado. Pese a ello, el ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, reconoció que unas 3.000 personas han sido liberadas bajo libertad condicional. No se trata de absoluciones, sino de medidas cautelares que mantienen abiertos los procesos.
Mientras tanto, la organización Socorro Jurídico Humanitario denuncia más de 400 muertes en prisión desde el inicio del régimen. Muchos cuerpos, aseguran, muestran señales de violencia, desnutrición o falta de atención médica.
Las denuncias de torturas son constantes. Human Rights Watch y Cristosal han documentado testimonios de personas golpeadas, asfixiadas o privadas de alimento durante días. “El sistema penitenciario se ha convertido en un instrumento de castigo colectivo”, afirma Tamara Taraciuk, directora de HRW para las Américas.
LAS CUOTAS DE DETENCIÓN Y LAS PRUEBAS FABRICADAS
Durante los primeros meses del régimen, varios policías revelaron de forma anónima que existían cuotas de detenciones diarias. Si no cumplían con el número exigido, eran amenazados con sanciones o traslados.
Esa presión derivó, según Human Rights Watch, en arrestos arbitrarios y fabricación de pruebas. Bastaba una denuncia anónima o un comportamiento considerado “sospechoso” —ponerse nervioso en un retén, caminar rápido, no mirar a los ojos a un agente— para acabar tras las rejas.
Los fiscales, ante la falta de evidencia concreta, recurren a testimonios de “colaboradores eficaces” o a simples listas de nombres que circulan en los barrios. “No hay investigación, hay barrido”, dice un abogado defensor.
EL COSTO SOCIAL DE UNA GUERRA SIN FIN
El discurso oficial sostiene que el régimen ha reducido el crimen “en un 98%”. Bukele lo repitió en su cuenta de X, acompañando el mensaje con una imagen de Thanos, el villano de Marvel, que sacrifica a la mitad de la humanidad para “restaurar el equilibrio”.
“¿A qué costo?”, pregunta la caricatura que él mismo publicó. “A un costo del 1,5% de la población adulta encarcelada”, respondió el presidente. La metáfora, más que justificar, evidencia la magnitud de la política: una nación donde una de cada 65 personas está tras las rejas.
Aunque las cifras de homicidios han descendido, el precio social es inmenso. Familias desintegradas, niños sin padres, comunidades paralizadas por el miedo y un sistema judicial que ya no distingue entre inocentes y culpables.
LAS VOCES DEL MIEDO
Los defensores de derechos humanos enfrentan un entorno hostil. La persecución a periodistas y organizaciones civiles ha limitado el flujo de información. En 2023, la Asamblea aprobó una Ley de Ciberdelitos que castiga con cárcel la difusión de información “falsa o maliciosa” sobre las instituciones del Estado, una herramienta que se ha usado contra medios críticos.
“El mensaje es claro: nadie puede cuestionar la narrativa oficial”, asegura una abogada de Cristosal. “En nombre de la seguridad, se ha construido una cultura del silencio”.
ENTRE EL ÉXITO Y EL AUTORITARISMO
Bukele es, según las encuestas, el presidente más popular de América Latina. Su discurso de “mano dura” y sus megaprisiones han convertido a El Salvador en un símbolo de eficacia frente al crimen. Para muchos ciudadanos, las calles más seguras justifican las detenciones masivas.
Sin embargo, para juristas y observadores internacionales, el experimento salvadoreño representa un modelo autoritario con ropaje legal. “El fin no puede justificar los medios”, advierte el constitucionalista salvadoreño Óscar Campos. “Una democracia que encierra sin juicio deja de ser democracia”.
UN FUTURO SIN VEREDICTO
El destino de las casi 90.000 personas detenidas sigue siendo incierto. En junio, apenas semanas después de prometer que “nunca” serían liberadas, Bukele afirmó que “más de la mitad” están en programas de rehabilitación y que podrían salir “en un par de años”.
Nadie sabe cuándo ni bajo qué condiciones ocurrirá eso. Mientras tanto, madres como Ana siguen esperando, entre la fe y el miedo, noticias de sus hijos.
La ropa planchada, los zapatos alineados, la cama tendida. Todo listo para un regreso que parece cada vez más lejano.
El régimen salvadoreño, que nació como una respuesta temporal a la violencia, se ha convertido en una arquitectura permanente del control. Un país donde el silencio pesa más que la palabra, y donde la justicia, suspendida entre la promesa y el castigo, parece haberse quedado también tras las rejas.
