Un grupo bipartidista presentó una resolución que limita al presidente Trump, buscando evitar ofensivas militares en Venezuela y reafirmar que el Congreso es el único autorizado para declarar la guerra
Un grupo de senadores estadounidenses, compuesto por figuras de ambos partidos, tomó la iniciativa de presentar una resolución que pretende colocar límites claros a la autoridad del presidente Donald Trump para ordenar acciones militares en el extranjero sin la aprobación del Congreso. La medida, impulsada por los demócratas Tim Kaine y Adam Schiff junto con el republicano Rand Paul, busca detener cualquier posible ofensiva en Venezuela y recordar la obligación constitucional de que solo el Legislativo puede declarar la guerra.
La resolución fue introducida en la noche del jueves 16 de octubre por Kaine, iniciando un período de espera de diez días antes de que el Senado pueda discutirla oficialmente. Durante su presentación, el senador insistió en que el presidente puede autorizar únicamente operaciones armadas de carácter limitado o defensivo, y que cualquier acción más allá de ese marco requeriría la luz verde del Congreso.
En el texto se hace referencia a operaciones encubiertas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) dentro del territorio venezolano, mencionadas recientemente por el propio Trump, lo que genera preocupación sobre el riesgo de un conflicto regional. Kaine señaló que “el Congreso no ha dado luz verde a ninguna acción secreta” y advirtió que ignorar los procesos legislativos podría poner en peligro la estabilidad en el Caribe.
Adam Schiff, por su parte, enfatizó la necesidad de que el Legislativo recupere su rol constitucional frente a un Ejecutivo que, según él, ha sobrepasado sus límites en política exterior. Ambos senadores coincidieron en que la fuerza militar no puede ser usada de manera unilateral, recordando que la ciudadanía estadounidense no desea que nuevas generaciones sean enviadas a guerras sin debate ni control.
Según informes de agencias internacionales, al menos cinco ataques recientes ejecutados por fuerzas estadounidenses en el Mar Caribe dejaron 27 víctimas fatales, incluidas personas civiles que no estaban involucradas en ningún combate. Los hechos fueron denunciados por Venezuela ante el Consejo de Seguridad de la ONU, calificando las operaciones como “ejecuciones extrajudiciales” y violaciones al derecho internacional humanitario.