Marchistas indígenas de Beni y Pando mantienen vigilia y estado de emergencia mientras crece la tensión por la defensa que legisladores cruceños hacen de la Ley 1720 cuestionada por vulnerar derechos territoriales.
La decisión de la mayoría de los senadores y legisladores de Santa Cruz de defender la Ley 1720 abrió una nueva confrontación política y social en el país. Mientras organizaciones indígenas y campesinas permanecen movilizadas en La Paz exigiendo la abrogación total de la norma, representantes cruceños anunciaron que harán todo lo posible para impedir que el Senado dé curso a la eliminación de la ley observada por distintos sectores sociales.
Las organizaciones movilizadas consideran que la normativa favorece la conversión de tierras sin haber cumplido procesos de consulta y socialización con pueblos indígenas. Por ello, tras la aprobación de la abrogación en la Cámara de Diputados, las delegaciones de Beni y Pando resolvieron mantenerse en vigilia hasta que el Senado tome una decisión definitiva.
“Ahora falta lo más difícil que es en la Cámara de Senadores”, afirmó Víctor Hugo Roca, dirigente nacional de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), al ratificar que las movilizaciones continuarán mientras no exista una anulación total de la ley.
Roca señaló además que las organizaciones preparan una nueva propuesta normativa que incluya a productores pequeños, medianos, comunidades campesinas e indígenas. También remarcó que entre sus demandas figura la titulación de tierras en Pando y el rechazo a la denominada ley antibloqueos.
Pese a la presión de los sectores movilizados, desde Santa Cruz surgió una férrea resistencia a la abrogación. El senador de Unidad y presidente de la Brigada Parlamentaria cruceña, Fernando Pareja, confirmó que buscarán evitar que la norma sea eliminada en la Cámara Alta.
“Vamos a defender que no abroguen la Ley 1720”, declaró el legislador, quien además informó que la brigada parlamentaria cruceña se declaró en emergencia y comenzó gestiones con distintas bancadas para consolidar apoyo político.
La posición asumida por la mayoría de los legisladores cruceños provocó críticas de organizaciones indígenas, que consideran que los senadores priorizan intereses regionales y productivos antes que las observaciones realizadas por comunidades afectadas.
La Cámara de Diputados aprobó el sábado, en grande y detalle, el proyecto de ley 417/2025-2026 que dispone la abrogación de la Ley 1720. La presidenta en ejercicio de esa instancia, Daniela Cabrera, confirmó la remisión del documento al Senado para su revisión constitucional.
En Santa Cruz, la reacción fue inmediata. La Brigada Parlamentaria aprobó una resolución respaldada por 43 de los 44 legisladores presentes, mediante la cual expresan apoyo total a la Ley 1720 y anuncian coordinación con sectores productivos y cívicos para impedir su eliminación.
La única voz disidente fue la diputada Diana Romero, quien cuestionó que la norma hubiera sido aprobada sin socialización suficiente y advirtió vulneraciones al artículo 30 de la Constitución Política del Estado.
“Estamos gracias al pueblo de Bolivia y es a ellos a quien nos debemos”, sostuvo la legisladora al justificar su voto a favor de la abrogación.
Entretanto, dirigentes cívicos y autoridades departamentales de Santa Cruz ratificaron reuniones de coordinación para sostener la vigencia de la norma, mientras las organizaciones indígenas mantienen la presión sobre el Senado y advierten que no levantarán sus medidas hasta lograr la anulación definitiva de la Ley 1720.