La devolución del proyecto de abrogación de la Ley 1720 a Diputados prolonga la incertidumbre política y social, mientras marchistas denuncian maniobras legislativas para retrasar una decisión exigida en las calles.
La Cámara de Senadores terminó empantanando la abrogación de la Ley 1720 luego de aprobar el proyecto con modificaciones y devolverlo nuevamente a la Cámara de Diputados, decisión que retrasa su aprobación definitiva en un escenario marcado por movilizaciones, bloqueos y creciente malestar social en distintas regiones del país.
La sesión legislativa se desarrolló bajo presión de organizaciones campesinas e indígenas de Pando y Beni que llegaron hasta la sede de gobierno para exigir la eliminación inmediata de la norma. Sin embargo, pese a la demanda de los movilizados y a la expectativa de una resolución rápida, el Senado incorporó dos disposiciones transitorias que obligan a reiniciar el tratamiento legislativo en Diputados.
El presidente de la Cámara Alta, Diego Ávila, confirmó la determinación al anunciar: “Queda aprobada la presente ley, por tanto debe ser devuelta a la Cámara de Diputados para considerar las modificaciones introducidas en esta Cámara”. Tras esa decisión, declaró un cuarto intermedio hasta este miércoles a las 09:00.
La determinación fue recibida con molestia por sectores movilizados que esperaban una aprobación directa para cerrar definitivamente el conflicto. La devolución del proyecto implica que Diputados deberá revisar nuevamente el texto y pronunciarse sobre los cambios introducidos por el Senado, ampliando los tiempos en medio de una crisis social que ya se trasladó a carreteras y plazas del país.
Las disposiciones añadidas establecen que, en un plazo máximo de 60 días, las cámaras de Senadores y Diputados deberán construir un nuevo marco normativo para regular procedimientos técnicos, administrativos y legales vinculados a la pequeña propiedad agraria. El texto también fija mecanismos de coordinación institucional y mantiene la exclusión de áreas protegidas.
Además, se dispone que el futuro proceso de concertación cuente con participación de entidades nacionales y departamentales con representatividad y legalidad verificadas, aspecto que generó observaciones de legisladores y sectores sociales que consideran innecesario introducir nuevos condicionamientos antes de concretar la abrogación.
Durante la sesión, el senador Wilder Veliz cuestionó abiertamente la decisión de devolver el proyecto a Diputados y advirtió que la medida significa “jugar” con las organizaciones que llegaron a La Paz tras semanas de movilización.
El tratamiento de la norma fue aprobado por mayoría tanto en grande como en detalle, aunque no logró disipar las críticas sobre el rol del Senado en un momento de alta conflictividad política y social.
Por su parte, la senadora Claudia Mallon sostuvo que sectores “ultrarradicales” distorsionaron el contenido de la ley, mientras el senador Branko Marinkovic respaldó la abrogación, aunque pidió detener las presiones políticas y anticipó la elaboración de una nueva propuesta regionalizada.
Horas antes, la Cámara Agropecuaria del Oriente aceptó la abrogación como una salida para contribuir a la pacificación del país.