El cabildo declaró personas no gratas a Roddy A. Chávez Atoyay, Israel Atoyay Oliva, María E. Mendoza Montero, Yolanda Gutiérrez Vargas, Darwin Vaca Asiama y Fader Velasco Asiama, acusándolos de traicionar al pueblo Cayubaba y atentar contra la integridad de su territorio.
La comunidad de Exaltación de la Santa Cruz, territorio indígena ancestralmente reconocido como parte del pueblo Cayubaba, se reunió en un cabildo abierto en la plaza principal. La convocatoria surgió tras publicaciones en el diario El Deber que alertaban sobre un posible arrendamiento o cesión de su territorio a extranjeros, en violación de los principios de propiedad colectiva protegidos por la Constitución de Bolivia.
Denuncia pública y rechazo a la cesión de tierras
Durante el cabildo, la comunidad emitió un Pronunciamiento Público en el que recalca que el territorio indígena no es solo un espacio geográfico, sino la base fundamental de su identidad, cultura y vida.
Asimismo, recordaron que los derechos sobre estas tierras están garantizados por la Constitución y tratados internacionales, estableciendo su carácter colectivo, indivisible e intransferible.
Ante esta situación, los representantes de las juntas vecinales solicitaron formalmente una reunión informativa con los integrantes del denominado «Estado de Kailasa» y con Roddy Alberto Chávez Atoyay, dirigente indígena de la nación Cayubaba.
Tras esperar por más de una hora, los asistentes decidieron continuar con el cabildo para exponer denuncias sobre la intromisión extranjera y las amenazas a la soberanía territorial.
En ese momento, un ciudadano alertó que los extranjeros intentaban huir por el río en una embarcación. Ante esto, los pobladores se movilizaron pacíficamente hasta Laguna La Cruz para exigir su presencia en la reunión informativa, pero estos se negaron, evidenciando una falta de transparencia.
Fundamentos legales y exigencias de la comunidad
El pronunciamiento recuerda que la Constitución, en su artículo 394, protege la propiedad comunitaria indígena y la declara indivisible, inalienable e inembargable. Además, el artículo 30 numeral 4 establece el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y gestión sostenible de sus tierras. En este contexto, la comunidad denuncia categóricamente el intento de cesión de 31.000 hectáreas de su territorio por un período de mil años, lo que consideran un acto ilegal e inaceptable.
Ante esta situación, el cabildo declaró personas no gratas a Roddy A. Chávez Atoyay, Israel Atoyay Oliva, María E. Mendoza Montero, Yolanda Gutiérrez Vargas, Darwin Vaca Asiama y Fader Velasco Asiama, acusándolos de traicionar al pueblo Cayubaba y atentar contra la integridad de su territorio.
La comunidad exige disculpas públicas y la renuncia de estos dirigentes, así como la expulsión definitiva de los integrantes del autodenominado «Estado de Kailasa» de su territorio. También demandan una investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía General del Estado y la destitución inmediata de los mencionados dirigentes de sus cargos dentro del Movimiento Indígena Cayubaba y Nacional.
Compromiso con la defensa del territorio
El pronunciamiento reafirma la lucha histórica del pueblo Cayubaba en defensa de su territorio y autodeterminación, recordando hitos como la Marcha Indígena de 1990 bajo el lema «Por el Territorio y la Dignidad». Finalmente, el documento lleva la firma y sellos de numerosas organizaciones sociales e instituciones representativas, en defensa de su soberanía y estabilidad dentro del Estado Plurinacional de Bolivia.