La reposición de la Biblia y el Crucifijo durante juramentos en la Cámara de Diputados evidencia la primera infracción a la Constitución, generando debate sobre la laicidad del Estado.
La nueva legislatura de la Cámara de Diputados inició su periodo 2025-2030 este martes con una decisión que ha despertado controversia: la restitución de la Biblia y el Crucifijo durante el acto de juramento de los legisladores. La medida fue aprobada por más de dos tercios de los diputados, y aunque sus promotores la calificaron como un “gesto histórico” y un “retorno a los valores fundamentales”, expertos y opositores advierten que constituye la primera violación a la Constitución Política del Estado (CPE) en esta gestión.
El diputado José Maldonado, presidente de la Comisión Ad-Hoc y miembro de la bancada Alianza Libre, defendió la decisión argumentando que los símbolos religiosos “representan la identidad cultural y espiritual de Bolivia”. Según Maldonado, la reposición de la Biblia y el Crucifijo no contradice el carácter laico del Estado, sino que permite a cada legislador expresar sus creencias de manera voluntaria. “Hoy hemos recuperado un vínculo histórico con nuestra fe. Esto no significa que nadie esté obligado; cada parlamentario puede jurar según sus convicciones”, indicó.
El secretario de la directiva Ad-Hoc, Alejandro Reyes, coincidió en que la decisión marca “un cambio de era” para la política nacional. “Volvemos a la ética, la moral y a la fe. Durante los últimos 20 años, estos elementos estuvieron ausentes en la esfera pública. Hoy abrimos un nuevo capítulo que combina valores espirituales con la responsabilidad legislativa”, sostuvo.
Sin embargo, la restitución generó críticas inmediatas por parte de expertos constitucionalistas y legisladores de oposición. El artículo 4 de la CPE establece de manera clara que Bolivia es un Estado laico y garantiza la libertad de religión y de creencias para todos sus ciudadanos. Juristas consultados señalan que la incorporación de símbolos religiosos en actos oficiales puede interpretarse como un acto de institucionalización de la religión, lo cual vulnera la neutralidad que debe mantener el Estado frente a todas las creencias.
La diputada opositora María Fernanda Soto expresó que la medida representa “un retroceso institucional que podría sentar un precedente peligroso”. Según Soto, el laicismo fue una conquista de las reformas democráticas que buscaban asegurar que ningún credo prevalezca sobre otro en la función pública. “La reposición de símbolos religiosos en un acto oficial no respeta la igualdad de todos los bolivianos frente a la fe. Es un primer indicio de que la legislatura podría priorizar intereses confesionales sobre los principios constitucionales”, afirmó.
El abogado constitucionalista Hernán Valverde coincidió en que la acción representa una vulneración formal de la CPE. “La libertad de culto permite a los ciudadanos practicar su religión de manera individual, pero no otorga a los legisladores la facultad de institucionalizar símbolos religiosos en actos estatales. Esto constituye la primera transgresión a la Constitución de la nueva legislatura”, explicó.
Pese a estas advertencias, los parlamentarios oficialistas sostienen que la reposición de los símbolos no obliga a nadie a seguir una determinada religión y que la decisión fue tomada democráticamente mediante votación mayoritaria. Maldonado enfatizó que “se respeta el Estado laico, pero también se reconoce la historia y los valores que muchos bolivianos consideran fundamentales”.
El episodio abrió un debate público amplio. Organizaciones civiles, académicos y sectores ciudadanos observan con atención cómo se desarrollará la legislatura, mientras que en redes sociales se multiplican opiniones divididas: algunos celebran el gesto como un acto de reafirmación cultural y espiritual; otros lo critican como un retroceso hacia prácticas que la Constitución buscó erradicar.
Para los analistas políticos, esta primera decisión legislativa deja claro que la tensión entre fe, política y la legalidad constitucional será un tema recurrente durante este periodo. La restitución de la Biblia y el Crucifijo no solo marca un precedente simbólico, sino que también plantea interrogantes sobre la interpretación del carácter laico del Estado y la capacidad de los legisladores de respetar la Constitución en la práctica.
