Las denuncias de hostigamiento, censura y persecución contra la prensa independiente en El Salvador se intensifican, obligando a reporteros y a la Asociación de Periodistas (APES) a trasladarse fuera del país.
Con datos y textos de los periodistas Salomón Manzanares y Bryan Avelar
Bajo el discurso de restaurar la seguridad ciudadana y derrotar a las pandillas, Nayib Armando Bukele Ortez asumió el 1 de junio de 2024 su segundo mandato presidencial en El Salvador. Sin embargo, el clima de esperanza que acompañó su ascenso al poder seis años atrás ha sido sustituido por un contexto marcado por denuncias de vulneración a la libertad de expresión, hostigamiento a comunicadores independientes y un silenciamiento progresivo del disenso público. Ese ambiente, señalan periodistas y organizaciones internacionales, se ha traducido en uno de los periodos más difíciles para el periodismo salvadoreño desde el final de la guerra civil.
El relato oficial del Gobierno enfatiza logros en materia de seguridad, vinculados principalmente al régimen de excepción, aprobado inicialmente en marzo de 2022 y prorrogado en más de 40 ocasiones hasta la fecha. Este mecanismo ha permitido la detención masiva de más de 80.000 personas bajo la acusación de pertenecer o colaborar con estructuras criminales. No obstante, múltiples organizaciones locales e internacionales de derechos humanos han advertido que la medida ha sido aplicada también con fines políticos, afectando a opositores, defensores de derechos humanos y periodistas que investigan actuaciones estatales.
En este contexto, la prensa independiente se ha convertido en uno de los sectores más vulnerables. Así lo ha expresado el periodista salvadoreño Víctor Peña, del medio El Faro, en entrevista con Agenda Propia Nicaragua, citada en la investigación del periodista Salomón Manzanares. Peña describió un clima de hostilidad en aumento, que ha obligado a reporteros a abandonar el país para preservar su seguridad personal y la de sus familias. “El régimen ha sido más feroz con sus ataques, persecución y señalamientos hacia periodistas que denuncian las anomalías del gobierno y sus funcionarios”, advierte desde el exilio.
El desplazamiento de periodistas no se trata de hechos aislados. Según el más reciente informe de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), citado y documentado por el periodista Bryan Avelar, al menos 43 periodistas se exiliaron durante 2024, muchos de ellos entre mayo y junio, “a razón de prácticamente uno por día”. Este dato evidencia una tendencia alarmante: el exilio ya no es una decisión preventiva o de largo análisis, sino una respuesta urgente ante amenazas latentes, detenciones arbitrarias o campañas de difamación desde aparatos estatales.
Los casos documentados indican que la presión sobre la prensa opera en distintos niveles. Por un lado, periodistas que investigan posibles actos de corrupción, acuerdos secretos con líderes de pandillas para reducir índices de criminalidad, contrataciones de familiares en cargos públicos o uso discrecional de fondos estatales, han sido señalados públicamente desde cuentas oficiales como “enemigos de la nación”. Por otro lado, medios de comunicación han sido afectados por el retiro de publicidad estatal y privada, inspecciones fiscales constantes, suspensión de licencias o procedimientos administrativos que dificultan su operación.
Peña sostiene que con la reelección de Bukele —cuya constitucionalidad sigue siendo objeto de debate entre juristas y académicos— se consolidó un modelo de ejercicio personalista del poder. “Desde el 1 de junio de 2024, todas las decisiones del país dependen de él”, considera. Según el periodista, la construcción de la narrativa gubernamental descansa en un discurso central: la idea de que toda crítica socava el proyecto de seguridad que, asegura el oficialismo, ha devuelto la tranquilidad a la ciudadanía.
No obstante, Peña remarca que esa tranquilidad oculta problemas estructurales: crisis hospitalaria, falta de medicamentos, cierre de escuelas, despidos de docentes críticos, aumento de pobreza y desplazamientos internos por razones económicas o políticas. Estadísticas recientes indican que más de un millón de salvadoreños vive en situación de precariedad.
La vigilancia y presión también se ha extendido a organismos gremiales. La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), fundada en 1936 y considerada el principal referente en la defensa de la libertad de prensa en el país, anunció en septiembre de 2025 el cierre de sus oficinas y la traslación de su personería jurídica al extranjero, luego de que el Gobierno estableciera nuevas restricciones bajo la Ley de Agentes Extranjeros, norma que obliga a registrarse a quienes reciban fondos del exterior y que puede retener hasta el 30% de dichos ingresos. Para su presidente, Sergio Arauz, esta medida buscaba limitar la capacidad de defensa y monitoreo del gremio y constituía un mecanismo de control político.
“La situación se volvió insostenible”, afirma Arauz, citado por Avelar. “Todos los colegas están trabajando con una espada de Damocles invisible y muy presente en su día a día: midiendo el tono de su voz y su pensamiento para evitar represalias”. La decisión de exilio de la APES se suma a una serie de casos previos de organizaciones defensoras de derechos humanos que han debido abandonar el país por temor a detenciones o intervenciones estatales.
La criminalización del ejercicio periodístico y del trabajo de monitoreo ciudadano ha generado una atmósfera de autocensura. Quienes se mantienen en el país priorizan su seguridad y la de sus familias frente a la exposición pública, muchas veces optando por firmar reportajes de manera colectiva o sin nombre. Otros informan desde el extranjero bajo estructuras de colaboración transnacional, lo que ha llevado a un periodismo que combina presencia local limitada con investigación a distancia.
El impacto humano de este escenario es profundo. La salida masiva de periodistas, muchos con más de diez años de experiencia, ha generado un vacío en redacciones y medios independientes. Las historias que documentaban corrupción, abusos policiales o violaciones al debido proceso han disminuido o se han vuelto más difíciles de desarrollar. “Es una curva llena de silencios y dolor”, concluye el informe La curva del silencio de la APES.
Reporteros Sin Fronteras, en su Índice Mundial de Libertad de Expresión 2025, ubica a El Salvador en el puesto 135 de 180 países, dos posiciones por debajo del año anterior, situándolo por debajo de Haití. La organización advierte que los periodistas dedicados a la cobertura de temas de seguridad “son criminalizados y acosados”, lo que limita la capacidad de la sociedad para acceder a información de interés público.
A pesar de este escenario, Peña insiste en que el trabajo periodístico no desaparecerá: “Aunque nos persigan y desacrediten, seguiremos investigando”. Desde el exilio, periodistas y medios salvadoreños continúan articulándose con organizaciones regionales e internacionales para sostener redes de apoyo, becas temporales de protección y plataformas seguras de publicación.
El futuro de la libertad de prensa en El Salvador se debate hoy entre el miedo y la resistencia. De un lado, un gobierno que concentra poder y recurre a mecanismos legales y discursivos para desacreditar la crítica. Del otro, periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones civiles que consideran que documentar la realidad es un deber ético y social.