La nueva administración de Rodrigo Paz priorizará estabilidad institucional y diálogo controlado con sindicatos y movimientos sociales, evitando cuotas de poder y presiones que marcaron décadas anteriores de gestión pública.
El Partido Demócrata Cristiano (PDC) inició su gobierno bajo la premisa de reorganizar la relación entre el Estado y las organizaciones sociales que tradicionalmente participaron en la política boliviana. A pesar de que la victoria electoral de Rodrigo Paz contó con el respaldo de sindicatos, campesinos, grupos indígenas, gremios fabriles y mineros, la fuerza oficialista dejó en claro que estos actores no tendrán cargos en la nueva administración.
Claudia Bilbao, diputada por El Alto, explicó que la decisión no busca marginar a los sectores sociales, sino establecer un esquema de gestión distinto. “Nuestro compromiso con la población se mantiene en áreas como salud, educación y derechos laborales. Sin embargo, los dirigentes no formarán parte del gobierno”, afirmó la legisladora, subrayando que el Ejecutivo será administrado exclusivamente por miembros del PDC.
Bilbao criticó la influencia de dirigentes sindicales en administraciones anteriores, argumentando que la repartición de cargos generó conflictos de intereses y contribuyó a la crisis económica y política del país. “El problema de los últimos gobiernos fue que el poder se fragmentó entre intereses particulares. Eso provocó inestabilidad que aún sentimos”, señaló.
La diputada agregó que la nueva administración buscará respaldo legislativo sin compromisos de cuotas partidarias ni negociaciones con apetitos personales. También recordó la falta de reclamos por la creciente deuda pública, vinculando esta situación a la cooptación de las organizaciones sociales por la política. “Algunas defendían sus propios beneficios, no los de sus bases”, precisó.
En cuanto al diálogo con la Central Obrera Boliviana (COB) y otras entidades, Bilbao aseguró que se mantendrá la comunicación, aunque sin aceptar condiciones a cambio de participación directa en el Ejecutivo. Además, confirmó la reducción de la estructura ministerial, que incluirá la eliminación de las carteras de Aguas, Tierras y Justicia, así como la fusión de otros ministerios para dejar un gabinete de 12 carteras.
