La incautación de un cargamento millonario de oro elevó las exigencias de esclarecer toda la cadena de responsabilidades, mientras crecen los cuestionamientos porque únicamente una persona permanece detenida.
Solo un detenido en un caso de 25 millones de dólares
La investigación por la incautación de más de 100 kilos de oro en el aeropuerto de Viru Viru continúa generando cuestionamientos desde distintos sectores políticos y jurídicos, debido a que, hasta ahora, únicamente un joven de 20 años permanece con detención preventiva, mientras otras personas inicialmente arrestadas recuperaron su libertad. Legisladores de oposición, dirigentes sociales y un abogado coincidieron en exigir que el caso avance hacia todos los presuntos involucrados y que las autoridades expliquen por qué la investigación no derivó en más aprehensiones.
Reclaman explicaciones al Gobierno
La diputada de Alianza Libre, Lissa Claros, sostuvo que el desarrollo del proceso afecta la confianza en las instituciones encargadas de administrar justicia y de investigar el hecho. La legisladora cuestionó que exista un solo detenido pese al valor del cargamento y a la cantidad de personas que habrían participado en la operación.
«Justicia y Policía pierden credibilidad. ¿Cómo es posible que solo se tenga a un solo detenido en posesión millonaria de oro y los otros estén libres?», declaró.
Claros también responsabilizó al Gobierno por la conducción del caso y pidió la salida del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo. «El Gobierno debe dar una explicación inmediata y destituir al ministro Oviedo, por incapaz», afirmó.
La parlamentaria también observó que la Asamblea Legislativa haya convocado primero al ministro de Gobierno para informar sobre el caso, antes que al Ministerio Público, institución que dirige la investigación penal.
Piden ampliar las investigaciones
Desde la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), su dirigente Joel Guarachi afirmó que el hallazgo del cargamento representa «solo la punta del iceberg» y pidió que las investigaciones lleguen hasta identificar a todos los responsables.
Guarachi cuestionó la actuación gubernamental y aseguró que, si el proceso se desarrolla sin restricciones, podrían aparecer responsabilidades de autoridades de mayor nivel.
En la misma línea, el diputado Rafael López consideró insuficiente que únicamente un joven haya sido enviado a la cárcel preventiva. El legislador anunció la presentación de peticiones de informe para conocer cómo se desarrolló el procedimiento y establecer quiénes participaron en el traslado del mineral.
«Nosotros estamos haciendo nuestras investigaciones (…) solamente arrestaron a un niño de 20 años, pero él no va a ser Giman, no va a ser Hulk para transportar solito esos más de 100 kilos de oro; ha necesitado ayuda», manifestó.
López agregó que, si ya se determinó que la guía utilizada era falsa y que el oro tendría origen ilegal, corresponde explicar por qué las demás personas involucradas recuperaron su libertad. «Tiene que hacerse una investigación más a profundidad», señaló.
Observan posibles responsabilidades institucionales
El abogado Jorge Durán también cuestionó el manejo del caso y sostuvo que existen indicios que deben ser investigados con mayor alcance. Afirmó que no sería la primera denuncia relacionada con el contrabando de oro y pidió revisar la actuación de las instituciones encargadas del control.
«¿Cómo es posible que instituciones serias del Estado (…) permitan el contrabando?», expresó. Además, sostuvo que el cargamento no debería ser devuelto mientras continúe el proceso judicial, al considerar que el caso puede sentar un precedente en la lucha contra la salida ilegal de minerales.
Durán añadió que Bolivia pierde cada año importantes recursos económicos debido al contrabando de oro y pidió establecer responsabilidades administrativas y penales.
Exigen identificar toda la cadena
El diputado Sergio Chávez coincidió en que la magnitud del cargamento hace difícil sostener que la operación haya sido ejecutada por una sola persona. Recordó que el oro incautado fue valuado en aproximadamente 25 millones de dólares y señaló que la investigación debe determinar quién autorizó, facilitó o conocía el traslado desde Santa Cruz hasta el aeropuerto de Viru Viru.
El legislador indicó que corresponde esclarecer la participación de todas las personas que intervinieron en el movimiento del mineral y establecer si existieron responsabilidades de funcionarios o autoridades durante el recorrido del cargamento, además de identificar quiénes permitieron que la operación avanzara hasta el punto donde finalmente fue interceptada.
ORO DE CONTRABANDO DESATA CRÍTICAS POR UN ÚNICO DETENIDO
