Movilizaciones, marchas y bloqueos se expandieron en varios departamentos del país con reclamos por salarios, educación, combustibles, servicios básicos y rechazo a normas que sectores consideran privatizadoras.
Las movilizaciones sociales se extendieron este lunes en distintos puntos del país con una agenda marcada por reclamos laborales, rechazo a nuevas normas impulsadas por el Gobierno y denuncias sobre una posible afectación a empresas estratégicas, educación y servicios básicos. Marchas, paros y bloqueos se instalaron en ciudades y carreteras mientras sectores obreros, campesinos, maestros y organizaciones regionales advirtieron que las medidas continuarán hasta recibir respuestas concretas.
En Tarija, la Central Obrera Departamental (COD) ratificó su adhesión a las determinaciones asumidas por la Central Obrera Boliviana (COB). El ejecutivo departamental, Jaime Ortiz, confirmó que las marchas y bloqueos seguirán mientras no exista atención al pliego presentado por los trabajadores.
“Tal como se ha determinado a nivel nacional estructuralmente dentro de la Central Obrera Boliviana, nosotros estamos cumpliendo con el tema de las marchas y bloqueos movilizados”, declaró durante la protesta realizada en la capital tarijeña.
Entre los principales pedidos mencionados por el sector obrero figuran la reposición salarial, atención a salud y educación, rechazo a disposiciones vinculadas a servicios básicos y observaciones a leyes que, según los movilizados, abren paso a procesos de privatización.
La protesta también tuvo una amplia presencia en Chuquisaca. La COD de ese departamento encabezó una movilización multitudinaria en Sucre y anunció que las medidas podrían ampliarse si no existen respuestas inmediatas del Ejecutivo. Los dirigentes aclararon que su prioridad es la atención de las demandas sociales y laborales mediante mesas de diálogo efectivas.
Los representantes señalaron que el malestar crece debido a la falta de soluciones frente al deterioro económico que afecta a diferentes sectores laborales y populares.
En Cochabamba, la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos movilizó a representantes de las 16 provincias para exigir la abrogación de la Ley 1720 y expresar su rechazo a cualquier intento de privatización de recursos estratégicos.
El dirigente Richar Vallejos afirmó que las organizaciones campesinas no permitirán medidas que, a su juicio, comprometan el control estatal sobre recursos naturales y empresas públicas.
“No vamos a permitir la privatización de ninguna empresa ni de ningún recurso”, manifestó durante la marcha.
Los campesinos también cuestionaron la calidad y distribución de combustibles. Uno de los reclamos más repetidos en las protestas estuvo relacionado con las largas filas y el abastecimiento irregular de gasolina y diésel.
“Queremos que se distribuya de manera normal, transparente, gasolina y diésel de buena calidad; ya no queremos hacer fila por combustible basura”, expresó Vallejos durante una entrevista difundida por Fuga Radial.
Las demandas vinculadas al sistema educativo también marcaron la jornada. En Pando, maestros urbanos y rurales marcharon juntos y realizaron un mitin frente a la Dirección Departamental de Educación para rechazar el denominado “50-50”, una medida que consideran perjudicial para la educación pública.
La ejecutiva de la Federación de Trabajadores de la Educación Urbana de Pando, Gladys Chambi, sostuvo que los maestros rechazan cualquier intento de descentralización que transfiera mayores responsabilidades económicas a municipios sin capacidad financiera.
Desde el magisterio rural, Freddy Fernández afirmó que la propuesta representa una forma encubierta de privatización educativa y advirtió que muchas alcaldías rurales no cuentan con recursos suficientes para sostener gastos adicionales.
El dirigente añadió que el sector también exige la reposición salarial debido a la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.
En Potosí, la Confederación de Trabajadores de la Educación Urbana cumplió un paro y bloqueo de calles durante 24 horas. Dirigentes sindicales indicaron que las medidas fueron asumidas tras la falta de respuestas a sus demandas y adelantaron que evaluarán nuevas acciones en función de la reacción gubernamental.
Mientras algunos sectores del magisterio urbano participaron en las protestas, la dirigencia de maestros rurales de Potosí decidió no acatar el paro de 48 horas convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación Rural.
El ejecutivo Jaime Mamani explicó que existen divisiones internas y estructuras paralelas dentro de la organización nacional, situación que impide asumir decisiones conjuntas. Según indicó, mientras no exista unidad entre las 33 federaciones rurales, no se impulsarán movilizaciones nacionales.
En el occidente del país, los bloqueos continuaron con fuerza en La Paz. El Sindicato de Trabajadores Mineros de Corocoro y la Marka Muropilar instalaron puntos de cierre de vías en Alto Ballivián, Puente Portezuelo y Chancani.
Los movilizados expresaron un fuerte rechazo a la situación política y económica del país y advirtieron que las medidas seguirán mientras no sean escuchados sus reclamos.
Desde Achacachi también se reportó el desplazamiento de grupos de ponchos rojos de la provincia Omasuyos hacia la ciudad de El Alto para reforzar los puntos de bloqueo instalados desde hace más de una semana.
Las organizaciones señalaron que el país atraviesa una situación crítica y anunciaron que las protestas podrían ampliarse en los próximos días.
En la zona de Lipari, al sur de La Paz, también se registraron bloqueos y tensión con efectivos policiales. Durante la jornada, un vehículo funerario que trasladaba a una familia fallecida en un accidente de tránsito tuvo dificultades para ingresar al cementerio Jardín debido al cierre de vías instalado por manifestantes.
Paralelamente, la COB, dirigentes de los Ponchos Rojos y el senador Nilton Condori firmaron un pacto de unidad para mantener las medidas de presión y rechazar las leyes anunciadas por el Gobierno.