El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exigió a Washington detener los bombardeos a presuntas embarcaciones con drogas, calificando las acciones como ejecuciones extrajudiciales contrarias al derecho internacional.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó este viernes su profunda preocupación por los bombardeos realizados desde septiembre por las fuerzas estadounidenses contra supuestas “narcolanchas” en el Caribe y el océano Pacífico, operaciones que ya han dejado más de sesenta personas muertas. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, declaró que esos ataques carecen de fundamento jurídico y violan los principios básicos del derecho internacional humanitario.
Según Türk, el uso de la fuerza letal no puede emplearse sin una amenaza real e inminente para la vida, y lamentó que los bombardeos se realizaran sin evidencia concreta sobre la peligrosidad de los tripulantes. “El uso intencional de la fuerza mortal solo está permitido como último recurso, cuando la vida de alguien está en peligro inmediato”, puntualizó en un comunicado difundido por su oficina en Ginebra.
El funcionario de la ONU exhortó a Washington a detener de inmediato las operaciones militares y abrir investigaciones “rápidas, independientes y transparentes” sobre los hechos. Además, pidió que se sancione a los responsables de estas acciones, calificadas como posibles ejecuciones extrajudiciales. En su evaluación, las informaciones disponibles no demuestran que los ocupantes de las embarcaciones representaran peligro alguno.
Las advertencias de Naciones Unidas se producen en medio de crecientes tensiones entre Estados Unidos y varios gobiernos latinoamericanos, particularmente el de Venezuela, que denuncia una ofensiva militar y mediática impulsada desde Washington.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció en septiembre que su país enfrenta “una guerra multiforme” dirigida por Estados Unidos, con el objetivo de provocar un cambio de régimen e instaurar un gobierno afín a sus intereses. Según el mandatario, las operaciones militares y la campaña internacional en su contra buscan apropiarse de los recursos energéticos y minerales del país. “Nos quieren arrebatar el petróleo, el gas, el oro y todo lo que pertenece al pueblo”, afirmó en un acto transmitido por la televisión estatal.
El discurso de Maduro coincidió con el despliegue de unidades navales y aéreas estadounidenses frente a las costas venezolanas. En agosto, el Pentágono anunció la movilización de buques de guerra, un submarino y aeronaves de combate con el argumento de reforzar la lucha contra el narcotráfico. Poco después comenzaron los ataques a embarcaciones sospechosas, que, según fuentes locales, dejaron decenas de víctimas sin que se identificaran pruebas de que transportaran estupefacientes.
La administración de Washington sostiene que las operaciones forman parte de su estrategia regional contra el tráfico de drogas, pero no ha presentado información pública sobre los supuestos objetivos destruidos ni las identidades de las personas fallecidas.
En respuesta a las agresiones, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) intensificó la presencia militar en las zonas costeras del país. Los ejercicios, realizados junto a la Milicia Bolivariana y cuerpos policiales, fueron descritos por el Ministerio de Defensa como una medida preventiva para fortalecer la defensa ante amenazas externas. “Nuestro deber es mantener la soberanía y estar listos frente a cualquier intento de agresión”, señaló el general Domingo Hernández Lárez.
Durante las últimas semanas, el Gobierno venezolano ha denunciado también una “guerra comunicacional” articulada a través de medios internacionales y redes sociales, con el fin de justificar posibles acciones militares y desestabilizar internamente al país. Maduro llamó a la población a mantenerse informada y evitar caer en campañas de desinformación.
Las tensiones aumentaron aún más cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció a mediados de octubre haber autorizado a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a realizar operaciones encubiertas en territorio venezolano. “¿Alguien puede creer que la CIA no ha conspirado durante más de medio siglo contra Venezuela?”, respondió Maduro durante un acto público, recordando las décadas de intervenciones encubiertas en América Latina.
Mientras tanto, el Alto Comisionado Türk reiteró que ningún Estado puede alegar motivos de seguridad nacional o lucha antidrogas para ejecutar ataques sin supervisión judicial. “Las reglas internacionales son claras: la protección de la vida humana está por encima de toda justificación política o militar”, advirtió.
Las declaraciones de la ONU han generado un fuerte impacto diplomático. Diversas organizaciones humanitarias exigieron que Estados Unidos rinda cuentas por las muertes ocurridas y revise su estrategia en la región. La oficina del Alto Comisionado anunció que continuará monitoreando los hechos e insistirá en que se respeten los derechos humanos incluso en el contexto de la lucha contra el narcotráfico internacional.