El Decreto 5516 reemplaza al 5503 y mantiene medidas económicas, sociales y de precios de combustibles, tras acuerdo con la COB, aunque la norma fue elaborada únicamente por el Ejecutivo.
El Gobierno oficializó la noche del lunes el Decreto Supremo 5516, que deroga el polémico Decreto 5503, manteniendo medidas económicas clave y disposiciones sociales, con el objetivo de estabilizar precios y organizar programas de asistencia para los sectores más vulnerables. La norma, publicada en la Gaceta Oficial, consta de 33 artículos y cinco disposiciones transitorias.
La publicación del nuevo decreto se da luego del acuerdo alcanzado el domingo entre la Central Obrera Boliviana (COB) y el Ejecutivo, tras varios días de movilizaciones que exigían la abrogación del Decreto 5503, calificado por los dirigentes como “entreguista”. Sin embargo, la COB señaló que el Decreto 5516 fue redactado exclusivamente por el Ejecutivo, incumpliendo el compromiso de trabajar en conjunto con una comisión de los sectores movilizados.
El artículo 1 de la norma establece que se mantienen los precios de los combustibles fijados en la disposición anterior: gasolina común a Bs 6,69 el litro, diésel a Bs 9,80, gasolina Premium a Bs 11, kerosene a Bs 5,54, gas oil a Bs 5,69, gasolina de aviación a Bs 10,57, jet fuel a Bs 10,74 y gas licuado de petróleo (GLP) a Bs 2,25 por kilogramo. Se aclara que el gas licuado destinado al mercado interno no está sujeto a ajustes adicionales.
En el ámbito social, el decreto mantiene incrementos como el Bono Juancito Pinto a Bs 300 y la Renta Dignidad a Bs 500 para quienes no tienen aportes contributivos. Además, establece el Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), destinado a transferencias monetarias extraordinarias para familias en situación de vulnerabilidad. Se detallan beneficiarios y modalidades de pago.
La norma también contempla medidas laborales y crediticias: incremento del salario mínimo nacional de Bs 2.750 a Bs 3.300, congelamiento de salarios en el sector público, negociación salarial libre entre empleadores y trabajadores, diferimiento automático de créditos según la Ley 1670, y suspensión temporal de embargos relacionados con viviendas de interés social y unidades micro y pequeñas.