TSE advierte que combinar comicios regionales con elección de magistrados del TCP y TSJ es inviable por plazos, costos y necesidad de procesos electorales exclusivos y transparentes.
Convocar elecciones subnacionales al mismo tiempo que elegir magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Bolivia es un desafío que, según autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), resulta prácticamente imposible. Los plazos, la complejidad del proceso judicial y los riesgos de “contaminación” entre elecciones hacen inviable cualquier intento de simultaneidad.
El vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi, advirtió que la preselección de candidatos a cargos judiciales, a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), requiere meses de trabajo. “Si se lanza la convocatoria ahora, la Asamblea tendría diciembre, enero, febrero y marzo para seleccionar candidatos. Tres o cuatro meses son necesarios. Mientras tanto, la elección subnacional concluye hasta el 22 de marzo, por lo que no se pueden empalmar los procesos”, explicó.
Tahuichi insistió en que los comicios judiciales deben ser “exclusivos” para evitar que la participación y la atención ciudadana se vean afectadas. La Ley 026 y la Constitución señalan claramente que no es posible realizar elecciones paralelas que superpongan calendarios de procesos distintos. “No pueden mezclarse. La ley exige exclusividad para los procesos del Poder Judicial. Es una cuestión de transparencia y legalidad”, enfatizó.
El costo económico de intentar combinar ambos procesos también representa un obstáculo. Una elección judicial parcial cuesta alrededor de 200 millones de bolivianos. Bolivia ya experimentó elecciones judiciales parciales en diciembre de 2024. Repetir un proceso de estas características implicaría una nueva erogación significativa para el Estado, sin garantizar eficiencia ni cumplimiento de los plazos legales.
Actualmente, existen vacantes en el TCP de Santa Cruz, Beni, Pando, Cochabamba y Tarija, así como en el TSJ de Beni y Pando. Para enfrentar esta situación, Tahuichi propuso modificar la Ley 025 y la Ley 027, reduciendo el número de magistrados de nueve a siete en ambos tribunales. Esta medida permitiría que los actuales vocales del TSJ continúen en sus funciones, mientras que los tres suplentes más votados del TCP en 2017 asuman como titulares, evitando desfases de mandato y nuevos costos electorales.
“Con una modificación legal ya no serían necesarias nuevas elecciones. Solo se ajusta el número de magistrados y se habilita a los suplentes más votados de 2017 para asumir el TCP. Esto asegura regularidad y ahorra recursos al Estado”, afirmó Tahuichi.
La necesidad de definir con urgencia esta situación se manifestó la semana pasada, cuando cinco magistrados prorrogados del TCP anunciaron su renuncia, y una sala constitucional en Potosí determinó el cese inmediato de sus funciones. La combinación de este escenario con las elecciones subnacionales de marzo subraya la inviabilidad de realizar ambos procesos a la vez.