El Ministerio de Economía refuta las denuncias del Gobernador del Beni con cifras oficiales; mientras tanto, Unzueta se declara la “astilla” y deja su cargo a disposición
En los últimos tres días, el Departamento del Beni ha sido escenario de una confrontación política y técnica de alto voltaje. Un intenso cruce de declaraciones entre el gobernador beniano, Alejandro Unzueta, y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ha sacado a la luz una profunda divergencia sobre la situación financiera de la región.
Mientras el gobernador denunció un colapso económico inminente por la supuesta reducción de transferencias estatales, el Gobierno central respondió con cifras que evidenciarían lo contrario: un incremento de los recursos transferidos al departamento.
El lunes, Unzueta apareció en una conferencia de prensa junto a su equipo económico para anunciar que la Gobernación atraviesa una crisis de liquidez severa. Según su versión, los recortes y descuentos en los recursos provenientes del Tesoro General de la Nación (TGN) dejaron a la institución al borde de la parálisis administrativa.
La denuncia fue acompañada de una declaración que no pasó desapercibida:
La respuesta del Ministerio de Economía llegó mediante un comunicado, la entidad afirmó que hasta mayo de 2025 la Gobernación del Beni recibió Bs 93 millones, lo que representa un incremento del 17,3% respecto al mismo periodo del año anterior.
Esta cifra, sustentada por datos oficiales del Sistema de Gestión Pública, desmintió la narrativa de recortes sostenida por Unzueta.
“Las transferencias se realizan de forma automática y están sujetas a la recaudación efectiva. En ningún caso se ha incumplido con los mecanismos establecidos en el Presupuesto General del Estado”, puntualizó el ministerio.
Lejos de reconocer este dato, al día siguiente el gobernador replicó que el monto real recibido hasta el 31 de mayo es de apenas Bs 69 millones, lo que implicaría un déficit de Bs 25,8 millones. Alegó que la diferencia entre lo presupuestado (Bs 95 millones) y lo recibido refleja una falla en la ejecución del Estado.
No obstante, desde el Ministerio se insiste en que estas discrepancias son el resultado de una interpretación errónea del carácter indicativo del presupuesto. Las transferencias, según la entidad, pueden variar de acuerdo a la realidad económica y las recaudaciones tributarias efectivas.
A esto se suma un elemento normativo clave: la Ley Marco de Autonomías establece que el nivel central del Estado no está obligado a cubrir los déficits fiscales de las entidades subnacionales. Esta disposición busca reforzar la responsabilidad fiscal de las gobernaciones y promover la eficiencia en la administración de recursos.
En este contexto, se evidenció debilidades estructurales en la gestión del Gobierno Autónomo Departamental del Beni. El Plan Operativo Anual (POA) 2025 aprobado por esta instancia registra apenas Bs 491.410 en financiamiento externo, una cifra irrisoria para una región con múltiples necesidades sociales.
Esta escasa capacidad de captación de fondos revela una dependencia crónica de las transferencias del nivel central y una falta de estrategia para diversificar fuentes de financiamiento.
Más preocupante aún es la distribución interna del presupuesto departamental. Un 33% del total asignado se destina a sueldos y salarios, muy por encima del promedio nacional, que se ubica en el 24%.
Esta sobredimensión de gasto corriente limita la capacidad del gobierno departamental para invertir en obras, infraestructura y servicios básicos.
Para el Ministerio de Economía, estos datos evidencian que la crisis financiera del Beni tiene causas internas tanto o más importantes que las externas.
El Gobierno Nacional reafirmó, mediante el Ministerio de Economía, su compromiso con el desarrollo de la región. “A pesar de los bloqueos políticos y sociales que han afectado la gestión estatal en todo el país, se han destinado más de Bs 1.300 millones al Sistema Único de Salud (SUS). En el caso del Beni, el Hospital Materno Infantil Boliviano-Japonés recibió Bs 4,4 millones, lo que representa un incremento del 89,5% respecto al año pasado. En total, los hospitales del departamento tienen presupuestados Bs 26,3 millones, de los cuales Bs 14,2 millones provienen directamente del TGN”, explican en el documento elaborado para responder al Gobernador Unzueta.
Según datos oficiales, la ejecución presupuestaria de estos recursos alcanza apenas el 50,5%, lo que demuestra que el problema no reside exclusivamente en la asignación de fondos, sino en la capacidad de ejecutarlos adecuadamente. Esto, nuevamente, pone en tela de juicio la eficiencia administrativa del Gobierno Departamental.
Unzueta intentó contrarrestar estas críticas destacando la labor social realizada por la Fundación que lleva su nombre. Señaló que las brigadas médicas, blancas, verdes, rojas y la reciente “Misión Vida”, operan en el Beni con la dotación de medicamentos en un 80% y el resto por la ONG Corazones Solidarios.
La confrontación entre ambas entidades no parece tener pronta solución. Mientras el Ministerio de Economía insiste en que las transferencias han aumentado y que el Gobierno central está cumpliendo sus compromisos, desde la Gobernación se insiste en que la liquidez no llega con la celeridad necesaria y que la gestión está en riesgo.
“No queremos una guerra mediática”, afirmó Unzueta, “pero no podemos seguir bicicleteando las finanzas. Los recursos no llegan en tiempo y forma, y eso afecta directamente al pueblo”.
Sin embargo, los datos presentados por el Ministerio de Economía tienen sustento legal, técnico y financiero.
La estructura de transferencias está normada por la Ley 031, y los desembolsos se hacen de manera automática a través del sistema bancario a la cuenta fiscal de la gobernación.
El gesto de Unzueta de poner su cargo a disposición ha sido interpretado por algunos sectores como una maniobra política ante el desgaste de su gestión. Otros lo ven como un intento desesperado por mantenerse al margen de las críticas.
