Estados Unidos prolongó hasta el 27 de mayo el plazo para que la petrolera Chevron liquide sus operaciones en Venezuela
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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este lunes las sanciones y la presión ejercida por el Gobierno de Estados Unidos, que impuso un arancel del 25% a los países que compren petróleo o gas venezolano.
Esta medida, anunciada por el presidente estadounidense Donald Trump, entrará en vigor el 2 de abril de 2025 y busca intensificar la presión sobre el gobierno venezolano.
En respuesta, Maduro enfatizó la determinación de Venezuela para alcanzar una independencia económica absoluta.
Reconoció que el país posee recursos suficientes para su desarrollo, afirmando: «Venezuela lo tiene todo, no nos hace falta nada; lo que necesitamos lo tenemos aquí: tierra, sol, agua, riqueza, y es venezolana. Jamás será colonia nuestra Patria».
CHEVRON TRABAJARÁ EN VENEZUELA HASTA EL 27 DE MAYO
Estados Unidos prolongó hasta el 27 de mayo el plazo para que la petrolera Chevron liquide sus operaciones en Venezuela, según informó este lunes la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). La medida forma parte de la serie de sanciones ilegales e ilegítimas impuestas por la administración del presidente Donald Trump contra el gobierno venezolano y su industria petrolera.
El magnate republicano había adelantado a finales de febrero el fin de la licencia que permitía a Chevron operar en el país sudamericano.
En consecuencia, el Departamento del Tesoro ordenó el «cierre de actividades» de la petrolera en Venezuela, así como de sus «empresas conjuntas» con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y de cualquier compañía en la que PDVSA posea al menos un 50% de participación.
La nueva licencia 41B, emitida por el Departamento del Tesoro, revoca la anterior licencia concedida a principios de marzo, que establecía el 3 de abril como fecha límite para la liquidación de Chevron en Venezuela.
A pesar de la prórroga, la petrolera estadounidense continúa sujeta a estrictas limitaciones determinadas unilateralmente por Estados Unidos que impactan directamente al gobierno de Nicolás Maduro.
Entre las restricciones impuestas a Chevron, se encuentra la prohibición de pagar «impuestos o regalías al gobierno de Venezuela», así como dividendos a PDVSA o a cualquier empresa en la que la estatal venezolana tenga una participación mayoritaria.
Además, se veta la venta de petróleo o productos petroleros a cualquier país que no sea Estados Unidos y la realización de transacciones con empresas vinculadas a compañías rusas.
Como ha sido habitual en sanciones previas, la nueva medida también prohíbe cualquier operación con personas sancionadas por el gobierno de Washington.
Estas acciones forman parte de la política de «máxima presión» de la administración Trump contra Venezuela, buscando asfixiar económicamente al gobierno de Maduro y restringir su capacidad de financiación a través del sector petrolero, su mayor ingreso económico, intentando apoderarse de manera ilegal de los recursos naturales del país llanero.