LIBRE RECHAZA AMPLIAR ESTADO DE EXCEPCIÓN: “ES INCONSTITUCIONAL”

Sep 13, 2026

La bancada cuestiona que la Asamblea impulse la prórroga sin pedido del Ejecutivo y anuncia que buscará anular la resolución aprobada por la Comisión de Justicia Plural.

La bancada de Libre rechazará la ampliación del estado de excepción por otros 90 días y cuestiona que la iniciativa haya sido promovida desde la Cámara de Diputados sin una solicitud previa del Órgano Ejecutivo. La subjefa de bancada, Lissa Claros, anunció que pedirán dejar sin efecto la resolución aprobada por la Comisión de Justicia Plural.
La propuesta aprobada en comisión plantea extender la medida excepcional que rige desde junio y que tiene previsto concluir el 20 de septiembre. El proyecto todavía no representa una ampliación efectiva, porque debe pasar por el pleno de Diputados y posteriormente seguir el procedimiento correspondiente en la Asamblea Legislativa.
CLAROS CUESTIONA EL ORIGEN DE LA INICIATIVA
Claros sostuvo que la Asamblea no puede asumir de oficio la solicitud para prolongar la medida. Según su interpretación, corresponde al Ejecutivo evaluar las condiciones de seguridad y orden público y plantear formalmente una eventual ampliación.
“No corresponde que una comisión pida ampliar el estado de excepción. No corresponde a los diputados”, afirmó.
La posición de la legisladora coincide con un criterio expresado días antes por el diputado Carlos Alarcón, quien señaló que el Gobierno es el que debe solicitar la autorización y justificar que las circunstancias que originaron la declaratoria continúan vigentes.
La Constitución establece que el Presidente tiene la potestad de declarar el estado de excepción ante situaciones como conmoción interna, mientras que la Asamblea debe aprobar posteriormente la declaratoria. La Ley 1740, vigente desde junio de 2026, establece además que una ampliación excepcional requiere autorización legislativa.
LA MEDIDA AÚN NO FUE AMPLIADA
La Comisión de Justicia Plural aprobó el jueves una resolución camaral que plantea una autorización previa y condicionada para extender el régimen por hasta 90 días. El documento debe ser considerado por el pleno de Diputados y, de avanzar, continuar su trámite en la Asamblea Legislativa.
Desde el oficialismo se argumentó que existen advertencias de nuevas movilizaciones y que una prolongación permitiría enfrentar posibles escenarios de conflictividad. El diputado Alejandro Medinaceli informó que la propuesta fue remitida al pleno para su tratamiento.
Claros, en cambio, cuestionó los resultados obtenidos durante los primeros meses de aplicación. Recordó que la medida se mantuvo durante el periodo posterior a los 53 días de bloqueos registrados entre mayo y junio y sostuvo que el Gobierno no habría resuelto los problemas que originaron parte de la conflictividad.
“Este Gobierno, en estado de excepción, no hizo nada”, afirmó.
La legisladora también rechazó que el mecanismo pueda convertirse en una herramienta permanente de administración política y advirtió sobre posibles efectos en la situación institucional del país.
“Esta resolución de estado de excepción es inconstitucional”, sostuvo, y anunció que Libre solicitará que sea anulada.
CRISIS INTERNA GOLPEA A LA BANCADA
La posición de Libre sobre la ampliación se conoce mientras la alianza enfrenta además cuestionamientos internos por la actuación del jefe de bancada de Diputados, Rafael López.
El legislador participó el jueves en una entrevista televisiva que generó cuestionamientos por su comportamiento y forma de expresarse. López posteriormente reconoció que había cometido un error y ofreció disculpas, aunque rechazó dejar la jefatura de bancada.
El senador de Libre José Manuel Ormachea pidió públicamente su salida. “Es una vergüenza lo que hizo Rafael López, jefe de bancada de Diputados de LIBRE. Debería considerar renunciar”, escribió.
Otros legisladores de la alianza también cuestionaron a López y plantearon que deje el cargo. La situación será analizada por la bancada, mientras Claros señaló que corresponde evaluar lo ocurrido y recordar que los parlamentarios tienen una responsabilidad frente a los ciudadanos que los eligieron.