La norma aprobada en el Senado amplía el tiempo de vigencia de las medidas extraordinarias, reduce controles legislativos y otorga nuevas atribuciones a la Policía y las Fuerzas Armadas durante conflictos internos, protestas y situaciones consideradas riesgosas para la seguridad del Estado.
La aprobación del Proyecto de Ley PL-505/25 de Estados de Excepción en la Cámara de Senadores encendió las alarmas entre organizaciones sociales, sectores gremiales y grupos movilizados que observan una ampliación de las facultades del Órgano Ejecutivo, la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas respecto a la Ley 1341, vigente desde 2020.
La propuesta legislativa, que ahora deberá ser debatida en la Cámara de Diputados, introduce modificaciones que cambian de manera significativa el alcance de las medidas extraordinarias que pueden aplicarse cuando el Gobierno considere que existen amenazas externas, conmoción interna, desastres naturales o situaciones que representen un “peligro para la seguridad del Estado”.
Uno de los cambios más importantes está relacionado con la duración de estas medidas. La Ley 1341 establece un límite máximo de 60 días para la vigencia del estado de excepción. El nuevo proyecto amplía ese plazo hasta 90 días, permitiendo que las restricciones extraordinarias permanezcan durante tres meses continuos. La ampliación otorga al Ejecutivo un margen temporal mayor para aplicar disposiciones excepcionales sobre la población.
La iniciativa también incorpora una nueva causal para justificar la declaratoria. A las amenazas externas, la conmoción interna y los desastres naturales se suma ahora el concepto de “seguridad del Estado”. El texto señala que esa seguridad comprende la protección de la soberanía, el territorio y las instituciones democráticas frente a amenazas internas o externas.
La inclusión de esta figura es uno de los aspectos que más preocupación genera entre organizaciones sociales debido a que amplía la capacidad de interpretación de las autoridades. Diversos conflictos, protestas, bloqueos o movilizaciones podrían ser considerados como situaciones que afectan la seguridad estatal, habilitando la aplicación de medidas extraordinarias bajo una definición más amplia que la contemplada en la legislación actual.
Otro cambio relevante se encuentra en el procedimiento de declaratoria. La Ley 1341 exige que el estado de excepción sea aprobado mediante Decreto Supremo adoptado en Consejo de Ministros. El proyecto aprobado en el Senado elimina esa referencia expresa y establece únicamente que la medida será emitida mediante Decreto Supremo, suprimiendo una formalidad que obligaba a una decisión colegiada dentro del Ejecutivo.
También desaparecen varios requisitos de fundamentación que actualmente exige la ley. La normativa vigente obliga a demostrar de manera objetiva por qué las facultades ordinarias del Estado resultan insuficientes y por qué las restricciones propuestas son necesarias. El nuevo texto reduce esos requisitos a una exposición general de razones y medidas adoptadas.
Sin embargo, el aspecto que concentra la mayor atención de sectores movilizados está relacionado con las atribuciones otorgadas a las fuerzas del orden. El proyecto establece que la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas podrán proceder al arresto y traslado de personas que incumplan las restricciones impuestas durante la vigencia del estado de excepción.
Además, la propuesta incorpora facultades que no figuran en la Ley 1341. Entre ellas aparecen las aprehensiones con conducción a dependencias policiales, la clausura o intervención de establecimientos privados y el secuestro de bienes. Estas medidas podrían alcanzar a personas, vehículos, actividades económicas o espacios vinculados a movilizaciones y conflictos sociales.
La participación militar también adquiere mayor relevancia. Aunque la Policía mantiene el mando principal de las operaciones destinadas a preservar el orden público, el proyecto autoriza al Órgano Ejecutivo a disponer apoyo extraordinario de las Fuerzas Armadas cuando considere que la capacidad policial ha sido superada en situaciones de conmoción interna.
La iniciativa señala además que las actuaciones realizadas por efectivos policiales y militares durante el estado de excepción gozarán de presunción de legalidad. Esta disposición implica que los procedimientos ejecutados por ambas instituciones contarán inicialmente con respaldo legal mientras se desarrollen bajo el marco de la declaratoria excepcional.
Paralelamente, la propuesta reduce varios mecanismos de control institucional previstos en la Ley 1341. La normativa vigente permite que la Asamblea Legislativa modifique, limite, suspenda o concluya anticipadamente un estado de excepción. El nuevo texto elimina esas atribuciones expresas y restringe la intervención parlamentaria a mecanismos de fiscalización menos específicos.
La obligación de informar también sufre modificaciones. Actualmente, el Ejecutivo debe remitir reportes semanales a distintas instituciones del Estado, entre ellas la Asamblea Legislativa, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, la Procuraduría, el Ministerio Público y el Órgano Judicial. El proyecto reemplaza ese sistema por un informe presentado a mitad del periodo de vigencia de la medida.
La aprobación legislativa también se flexibiliza. Mientras la Ley 1341 exige mayoría absoluta del total de los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el nuevo proyecto establece mayoría absoluta de los legisladores presentes en la sesión. En la práctica, la ratificación de una declaratoria requerirá menos votos que los actualmente exigidos por la legislación vigente.
Las modificaciones alcanzan igualmente a los mecanismos de rendición de cuentas y a las responsabilidades de autoridades, policías y militares. Varias disposiciones que contemplaban controles específicos, evaluaciones parlamentarias y responsabilidades civiles, penales y administrativas desaparecen o quedan reducidas en la nueva propuesta.
La suma de estos cambios configura un escenario distinto al establecido por la Ley 1341. Con más tiempo de vigencia, nuevas causales para su aplicación, mayores atribuciones para las fuerzas del orden, menores exigencias de justificación y una fiscalización más limitada, el proyecto aprobado en el Senado concentra en el Ejecutivo herramientas más amplias para actuar durante situaciones excepcionales, una perspectiva que ha generado preocupación entre organizaciones sociales, gremiales, sindicatos y sectores movilizados que ahora observan con atención el tratamiento de la norma en la Cámara de Diputados.
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