El respaldo del gobernador beniano a la asignación del 1% abrió cuestionamientos sobre la representación institucional. El asambleísta Carlos Lazo reclama información, participación legislativa y respaldo técnico.
El asambleísta departamental Carlos Lazo cuestionó que la Gobernación del Beni participe en las negociaciones de la Agenda 50/50 sin incorporar a la Asamblea Legislativa Departamental y pidió al gobernador Jesús Egüez Rivero explicar bajo qué criterios se asumieron compromisos sobre la redistribución de los recursos tributarios.
Mediante un pronunciamiento formal dirigido a la primera autoridad departamental, el legislador reclamó que los representantes del órgano legislativo sean incorporados a las reuniones y mesas técnicas donde se discute el nuevo esquema de coparticipación. Considera que las decisiones sobre los ingresos del departamento no pueden quedar exclusivamente en manos del Ejecutivo.
El reclamo se produce después de que Egüez expresara públicamente su respaldo a la propuesta gubernamental de asignar el 1% de los impuestos coparticipables a las gobernaciones, a partir de 2027.
El 2 de noviembre, el gobernador sostuvo que la propuesta representa un avance y que permitirá a los gobiernos departamentales participar de los siete impuestos coparticipables, sin afectar los recursos destinados a municipios, universidades y gobiernos indígenas.
CUESTIONA EL RESPALDO AL 1%
Lazo considera que una decisión de esta naturaleza requiere conocer previamente sus consecuencias económicas y administrativas. Su preocupación apunta a que el porcentaje ofrecido no sea aceptado sin establecer cuánto dinero recibirá efectivamente el Beni, qué responsabilidades deberá asumir y si los nuevos ingresos serán suficientes para atender las competencias departamentales.
El legislador advierte que una redistribución tributaria también tiene consecuencias sobre la planificación presupuestaria y la capacidad de inversión en las provincias. Por esa razón, reclama que cualquier posición oficial esté acompañada de documentación técnica, financiera y competencial.
CUATRO PEDIDOS A LA GOBERNACIÓN
En su documento, Lazo plantea cuatro exigencias concretas a Egüez. La primera es incorporar formalmente a la Asamblea Departamental en todas las mesas de negociación relacionadas con la Agenda 50/50.
También solicita un informe oficial sobre los acuerdos alcanzados, las propuestas presentadas y los compromisos asumidos con el Gobierno nacional, además de toda la documentación técnica intercambiada durante las reuniones.
El tercer pedido establece que cualquier decisión institucional sobre la coparticipación tenga sustento económico y financiero, con participación del órgano legislativo. Finalmente, exige que los representantes de las provincias intervengan en la elaboración de una propuesta que contemple las necesidades del conjunto del departamento.
INVOCA LA CONSTITUCIÓN
Lazo fundamenta su reclamo en los artículos 272, 277 y 279 de la Constitución Política del Estado. El artículo 272 reconoce las facultades legislativa y fiscalizadora de los órganos de los gobiernos autónomos, mientras que el 277 establece que el gobierno departamental está integrado por una Asamblea y un órgano ejecutivo.
En su pronunciamiento, el asambleísta advierte: “El desarrollo del Beni no puede negociarse a espaldas de sus instituciones ni de sus representantes electos”.
También sostiene que la Asamblea no debe limitarse a recibir información sobre acuerdos ya establecidos, sino participar en las decisiones que comprometen los recursos y las competencias del departamento.
