El vicepresidente Edmand Lara pidió que las acusaciones contra el fiscal general Roger Mariaca sean sometidas a investigación y pruebas, sin que una restricción extranjera determine responsabilidades en Bolivia.
La posición del vicepresidente surgió un día después de que Estados Unidos anunciara restricciones migratorias contra funcionarios y exfuncionarios bolivianos, entre ellos Mariaca, a quien Washington vinculó con presuntos actos de corrupción relacionados con el narcotráfico. La medida también alcanzó a fiscales, jueces, un exministro, un exmagistrado y otros ciudadanos bolivianos.
LARA CUESTIONA QUE UNA LISTA DETERMINE RESPONSABILIDADES
A través de un comunicado difundido el lunes, la oficina de Lara sostuvo que la inclusión de Mariaca en una medida adoptada por otro Gobierno no constituye una sentencia judicial ni puede reemplazar una investigación dentro del país.
“Nuestra posición institucional es clara: no podemos condenar ni apartar a una autoridad boliviana simplemente porque un gobierno extranjero la incluya en una lista”, señala el pronunciamiento. El documento agrega: “Una lista no es una sentencia y una acusación no sustituye a las pruebas”.
Lara planteó que, si existen elementos contra el fiscal general, estos deben ser presentados y sometidos a investigación conforme a la legislación boliviana. El vicepresidente remarcó que su posición, según el comunicado, no pretende establecer la inocencia o culpabilidad de Mariaca, sino reclamar que cualquier responsabilidad sea determinada mediante procedimientos legales.
“No defendemos personas; defendemos el debido proceso y la institucionalidad”, señala el documento difundido por la Vicepresidencia.
Estados Unidos, por su parte, señaló que Mariaca habría utilizado su cargo para solicitar y aceptar sobornos destinados a facilitar actividades de narcotráfico y ayudar a personas vinculadas con delitos graves a evitar la justicia. Esas afirmaciones corresponden al Gobierno estadounidense y forman parte de la justificación de sus restricciones migratorias.
EL CASO CERIMEDO ENTRA EN LA POSICIÓN DE LARA
El comunicado del vicepresidente también incorporó el caso del argentino Fernando Cerimedo, quien se encuentra detenido e investigado en Bolivia. Lara cuestionó lo que considera falta de atención pública sobre ese proceso y pidió que las investigaciones alcancen a todos los involucrados bajo las mismas reglas.
“También corresponde preguntar por qué existe silencio frente al caso de Fernando Cerimedo, que está detenido e investigado en Bolivia por delitos graves”, señala el pronunciamiento.
La posición de Lara concluye con un pedido para que las investigaciones se desarrollen sin privilegios y con respaldo documental: “Que se investigue a todos, sin privilegios ni excepciones, pero con pruebas y respetando el debido proceso”.
SAUCEDO EVITA VALORAR LA DECISIÓN ESTADOUNIDENSE
Mientras Lara tomó posición en defensa del debido proceso de Mariaca, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, evitó pronunciarse sobre el contenido de las acusaciones estadounidenses.
Consultado sobre las restricciones, Saucedo señaló que cada país tiene atribuciones para establecer sus propias reglas migratorias y que intervenir en esas decisiones supondría desconocer la soberanía de otro Estado.
“Soy muy respetuoso de la soberanía de otros países. Cada Estado tiene sus propias políticas en cuanto a las leyes migratorias”, afirmó.
Saucedo también aclaró que el TSJ no tiene competencia para designar, sancionar o suspender jueces. Explicó que esas atribuciones corresponden al Consejo de la Magistratura y que cada juez debe responder por las resoluciones que adopta si se abre una investigación sobre su actuación.
Las declaraciones de Lara y Saucedo se produjeron después de que Washington anunciara las restricciones contra autoridades bolivianas, una medida que Estados Unidos justificó dentro de su política contra la corrupción y el narcotráfico en la región.
