Tras intensas jornadas de movilización en todo el país, Ejecutivo y Central Obrera Boliviana acordaron reemplazar el decreto 5503 por una nueva norma consensuada, manteniendo medidas económicas clave y levantando
La presión sostenida de sindicatos, organizaciones sociales y sectores ciudadanos obligó al Gobierno a retroceder y aceptar la abrogación parcial del Decreto Supremo 5503. El entendimiento fue sellado la tarde del domingo en la ciudad de El Alto, luego de varias horas de negociación directa entre una delegación gubernamental y la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), según consta en el acta oficial firmada por ambas partes.
El encuentro se realizó en instalaciones cercanas al mercado Santa Rosa, espacio elegido por las organizaciones movilizadas para centralizar el diálogo. Allí participaron seis ministros de Estado, además de los principales dirigentes sindicales nacionales. El documento suscrito establece que el decreto cuestionado será dejado sin efecto y sustituido por una nueva normativa elaborada de manera conjunta.
De acuerdo con el texto del acuerdo, el Ejecutivo se comprometió a conformar de inmediato una comisión técnica integrada por representantes gubernamentales y delegados de los sectores movilizados. Este equipo tendrá la tarea de redactar el nuevo decreto “por tiempo y materia”, garantizando la participación de distintas capas sociales, tal como figura en el acta difundida públicamente por la COB.
Pese a la abrogación, se definió que la futura norma mantendrá exclusivamente cuatro ejes económicos: la política sobre la subvención a los combustibles, la reprogramación de créditos del sistema financiero, la mejora de los bonos sociales y el ordenamiento de la política salarial. En los hechos, esto implica que continúa el proceso de eliminación gradual de la subvención a los carburantes, uno de los puntos más resistidos por las organizaciones.
El Gobierno, por su parte, se comprometió a promulgar el nuevo decreto consensuado en un plazo máximo de 48 horas desde la firma del acuerdo. Así lo ratificaron los ministros presentes, quienes aseguraron que el Estado no quedará sin marco normativo y que las medidas económicas se aplicarán con mecanismos de compensación social.
Como parte del entendimiento, la Central Obrera Boliviana dispuso el levantamiento inmediato de los bloqueos y protestas en carreteras y ciudades, aunque declaró un estado de emergencia permanente hasta la promulgación final de la nueva norma. Esta decisión fue confirmada públicamente por el dirigente nacional Mario Argollo, vocero del ente matriz de los trabajadores.
“Vamos a pedir que se levanten las medidas de presión a nivel nacional. No seamos intransigentes, nuestros compañeros están sufriendo en las carreteras”, afirmó Argollo ante medios de comunicación, luego de la firma del acuerdo. Sus declaraciones quedaron registradas en la conferencia de prensa realizada en El Alto.
El dirigente también anunció que la COB realizará un seguimiento permanente al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Ejecutivo. “A la firma vamos a hacer el control. En este conflicto, el pueblo salva al pueblo y eso no debemos olvidar”, expresó, exigiendo que el nuevo decreto sea trabajado y aprobado en el menor tiempo posible.
