El Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz dispuso este martes la libertad de Marco Pumari y la detención domiciliaria de Luis Fernando Camacho, en el marco del caso Golpe de Estado I.
La jornada judicial de este martes trajo consigo un giro inesperado en el denominado caso Golpe de Estado I, vinculado a los hechos de violencia y a la toma del poder en noviembre de 2019. El Tribunal Sexto de Sentencia Anticorrupción de La Paz determinó la libertad pura y simple para el exlíder cívico potosino Marco Pumari, mientras que al gobernador de Santa Cruz y expresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, le fue otorgada la detención domiciliaria, con salida laboral, en reemplazo de la detención preventiva que cumple desde diciembre de 2022 en el penal de Chonchocoro.
La resolución fue dictada en audiencia de revisión de medidas cautelares, presidida por el magistrado Romer Saucedo, titular del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). “Se ha recuperado la independencia y la imparcialidad de los tribunales”, expresó Martín Camacho, abogado del gobernador cruceño, quien destacó que su defendido deberá cumplir medidas sustitutivas a la prisión mientras se libran los mandamientos de libertad correspondientes.
EL TRASLADO Y LAS NUEVAS AUDIENCIAS
Tras conocerse la determinación, Luis Fernando Camacho fue conducido nuevamente a Chonchocoro, donde permanecerá hasta que se materialicen los trámites para hacer efectiva la disposición judicial. De acuerdo con su defensa, una vez cumplidos los procedimientos administrativos y de seguridad, podrá cumplir arresto domiciliario con permiso de salida laboral.
No obstante, el líder político cruceño enfrenta otras causas judiciales. Este miércoles deberá presentarse ante una audiencia por el denominado “paro de los 36 días”, ocurrido entre octubre y noviembre de 2022 en Santa Cruz, donde también se revisarán los plazos de su detención preventiva.
EL CASO GOLPE DE ESTADO I
La investigación conocida como Golpe de Estado I se centra en los hechos de violencia acontecidos entre el 20 de octubre y el 12 de noviembre de 2019, periodo que culminó con la renuncia del entonces presidente Evo Morales, tras fuertes protestas sociales, amotinamientos policiales y la sugerencia pública de dimisión por parte de las Fuerzas Armadas.
Luis Fernando Camacho, en ese entonces presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, jugó un papel central en las movilizaciones. El 2 de noviembre de 2019, en medio de un cabildo multitudinario, dio a Morales un plazo de 48 horas para dimitir, usando símbolos religiosos y portando una Biblia como estandarte político.
El 4 de noviembre, en otro cabildo, leyó una carta de renuncia dirigida a Morales y anunció que viajaría a La Paz para intentar forzar la firma del mandatario. Estas acciones coincidieron con contactos previos entre su padre, José Luis Camacho Parada, y miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía. El propio Camacho reconoció en diciembre de 2019, en una reunión privada, que los nexos fueron gestionados por su padre y por el entonces futuro ministro de Defensa de Jeanine Áñez, Luis Fernando López.
“Cuando consolidamos que tanto la Policía como las Fuerzas Armadas no iban a salir en defensa del Gobierno, fue que dimos el plazo de 48 horas”, declaró en aquella ocasión, asegurando que sin esos acuerdos Morales habría resistido desde el poder.
EL ROL DE LAS FUERZAS DEL ORDEN
El 8 de noviembre de 2019, los policías de Cochabamba, reunidos en la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), iniciaron un motín con múltiples demandas, entre ellas la renuncia del mandatario. Rápidamente, las unidades policiales de distintos departamentos se sumaron a la protesta. Al día siguiente, la revuelta alcanzó La Paz y Pando, marcando un punto de quiebre en la crisis.
Ese mismo 10 de noviembre, el Alto Mando Militar sugirió públicamente la renuncia de Morales, quien terminó dejando la presidencia y abandonando el país.
EL PAPEL DE MARCO PUMARI
Marco Pumari, entonces líder del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), también tuvo un rol protagónico en las movilizaciones. Durante los días críticos, al igual que Camacho, fue protegido por efectivos policiales mientras participaba en las protestas en La Paz.
Su abogado, Diego Gutiérrez, informó este martes que la justicia determinó su “libertad pura y simple” en el marco del caso Golpe I. Sin embargo, la decisión incluye la obligación de presentarse semanalmente, cada lunes, ante las autoridades judiciales de Potosí.
EL FUTURO DE LOS PROCESOS
Tanto la defensa de Camacho como la de Pumari esperan que las decisiones judiciales se ejecuten en el transcurso de las próximas horas. Los abogados consideran que la revisión de medidas marca un precedente en el tratamiento de procesos vinculados a la crisis de 2019, donde las responsabilidades y los alcances aún son motivo de debate jurídico y político.
Mientras tanto, las víctimas de los hechos de violencia ocurridos en Senkata, Sacaba y otras regiones del país exigen que se avance en el esclarecimiento de responsabilidades y en la sanción de los responsables materiales e intelectuales de las muertes registradas durante los enfrentamientos posteriores a la renuncia presidencial.
