En una audiencia marcada por la tensión mediática, la jueza Vivían Balcázar concedió la libertad de Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del mandatario, e impuso terapias psicológicas como medida sustitutiva
La mañana en que el ascensor se detuvo en el piso 12 del Palacio de Justicia, el aire parecía denso. En la sala, frente a la jueza Vivían Balcázar, el hijo mayor del presidente Luis Arce esperaba la resolución que marcaría el rumbo de su proceso judicial. El joven, investigado por violencia familiar, escuchó con atención mientras se leía la conciliación presentada por la mujer que días antes lo había denunciado.
La jueza tomó la palabra y ordenó su liberación. No sería una exoneración total: debía asistir durante cinco meses a terapias psicológicas, además de mantener distancia absoluta con la víctima. La decisión provocó murmullos entre los asistentes y una reacción inmediata de la Fiscalía, que insistía en la necesidad de una detención preventiva en Palmasola.
La historia había comenzado el 18 de septiembre, cuando una denuncia por agresión física y psicológica estremeció el entorno familiar del mandatario. La víctima, en su declaración, relató un episodio de violencia que le dejó 12 días de incapacidad. Dos días después, la Fiscalía emitió una orden de aprehensión y, semanas más tarde, el propio Arce Mosqueira se presentó voluntariamente ante las autoridades.
En la audiencia, la denunciante habló con voz temblorosa. Aseguró no haber sido presionada, pero admitió que la exposición mediática la había desgastado profundamente. “Camino por la calle y la gente me mira distinto”, dijo. “Me duele más eso que lo que pasó”. Reconoció que su pareja tiene “el ego por las nubes”, pero prefirió cerrar el caso para recuperar algo de tranquilidad.
Luis Marcelo Arce Mosqueira también habló. No levantó la voz. Pidió disculpas a su pareja y a su familia, aceptando la responsabilidad de haber causado daño. La jueza lo observó en silencio antes de leer su determinación final: libertad bajo medidas sustitutivas, terapia obligatoria y prohibición de acercarse a la víctima. “El caso no está cerrado”, advirtió. “Si no se cumplen las condiciones, todo puede reactivarse”.
En la sala, la fiscal Jessica Echeverría tomó nota. Había solicitado detención preventiva y no ocultó su desacuerdo. “Con 12 días de impedimento, correspondía Palmasola”, señaló después. Su oficina apeló la resolución, alegando que la conciliación no debía imponerse sobre el deber de proteger a la víctima.
