El presidente Rodrigo Paz afirmó que la redistribución 50/50 exige reformas estructurales profundas y anunció que el tema será analizado con nuevas autoridades subnacionales. El Senado rechazó tratar la propuesta presentada por Branko Marinkovic.
La redistribución de recursos fiscales entre el nivel central y las regiones volvió a colocarse en el centro de la agenda política luego de que el presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, aclarara que la propuesta conocida como “50/50” no será definida de manera inmediata y deberá ser evaluada junto a las futuras autoridades subnacionales que surjan de las urnas.
El mandatario realizó estas declaraciones durante una actividad pública en Sucre, donde explicó que la iniciativa implica cambios profundos en la estructura administrativa y fiscal del país. Paz sostuvo que la redistribución de ingresos no puede limitarse a un ajuste porcentual en la transferencia de recursos.
“El ‘50-50’ tiene que tener metodología. La voluntad del Gobierno es avanzar en el diálogo, pero sobre todo construir confianza. Estamos hablando de un cambio estructural, no simplemente de repartir recursos”, manifestó el presidente ante los medios.
El jefe de Estado también anticipó que cualquier discusión sobre la redistribución fiscal se desarrollará con las autoridades que resulten electas en los comicios subnacionales previstos para las próximas semanas. Según explicó, gobernadores y alcaldes que asuman funciones deberán participar directamente en la definición de un eventual rediseño del sistema financiero estatal.
“Se necesita una responsabilidad compartida. Hay que revisar el funcionamiento del sistema de salud, de educación y de varias normas que hoy frenan el desarrollo de las regiones”, expresó Paz al referirse a los cambios institucionales que implicaría aplicar el modelo.
Las palabras del mandatario coinciden con las advertencias realizadas días atrás por la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, quien había señalado que la implementación de un esquema de distribución equitativa podría tomar distintos tiempos debido a la complejidad jurídica y administrativa que involucra.
Mientras el Ejecutivo opta por un tratamiento gradual del tema, la iniciativa impulsada desde el Senado encontró un obstáculo inmediato. El proyecto legislativo presentado por el senador cruceño Branko Marinkovic no logró ser considerado en el pleno de la Cámara de Senadores de Bolivia, luego de que la mayoría rechazara la solicitud de dispensación de trámite para su discusión.
Tras conocerse la decisión, el parlamentario expresó su molestia y acusó falta de voluntad política para analizar la propuesta. “Pedimos la dispensación del trámite y vimos que senadores de distintas bancadas no quisieron tratar el tema”, declaró en conferencia de prensa.
El legislador defendió el contenido de la iniciativa y cuestionó las posturas que buscan postergar su tratamiento. “Hemos presentado una ley seria y se han negado a discutirla. Algunos dicen que podría aplicarse en dos días o en diez años. Lo que están haciendo es frenar el desarrollo de las regiones”, sostuvo.
La solicitud para tratar la norma fue planteada por la senadora Kathia Quiroga, aunque el intento no prosperó. El pedido recibió apenas cinco votos de respaldo dentro del pleno legislativo, cifra insuficiente para habilitar el procedimiento excepcional que permitía debatir el proyecto de inmediato.
La iniciativa denominada Ley de Equilibrio Territorial del Gasto Público plantea que la mitad de los recursos generados en cada departamento permanezca en la región donde se producen. Sus promotores sostienen que el cambio permitiría fortalecer inversiones locales en infraestructura, servicios básicos y desarrollo económico.
Sin embargo, desde el Gobierno nacional se advierte que una modificación de esa magnitud obligaría a revisar múltiples normas vigentes, rediseñar la estructura fiscal del Estado y redefinir la relación financiera entre el nivel central y los gobiernos subnacionales.
Mientras esas posiciones permanecen enfrentadas, la decisión presidencial de trasladar la discusión hacia el próximo ciclo político coloca el futuro del proyecto en manos de las nuevas autoridades regionales que asumirán funciones tras las elecciones subnacionales.