La llegada de la Marcha por la Vida a La Paz activó una fuerte advertencia estatal. Dirigentes sociales denuncian criminalización de la protesta y temor por posibles enfrentamientos en la sede de gobierno.
La llegada de la denominada “Marcha por la Vida” a la ciudad de La Paz, prevista para este lunes, elevó la tensión política y social en el país luego de que el Gobierno y la Policía Boliviana anunciaran arrestos y el uso gradual de la fuerza en caso de registrarse hechos de violencia o vandalismo durante las movilizaciones impulsadas por sectores afines al expresidente Evo Morales.
Las advertencias fueron emitidas la noche del domingo, tras la presentación pública de un hombre acusado de transportar material explosivo presuntamente destinado a grupos movilizados que avanzan desde el altiplano rumbo a la sede de gobierno. Las autoridades sostienen que el operativo permitió decomisar cerca de 200 metros de mechas y explosivos considerados de alto poder.
El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, señaló que el derecho a la protesta “no puede convertirse en un permiso para delinquir” y aseguró que cualquier persona involucrada en el uso de explosivos será procesada penalmente. “Todos tienen derecho a marchar, perfecto, pero no tienen derecho a cometer delitos”, declaró la autoridad.
Paredes también informó que el Ejecutivo pedirá a la Corporación Minera de Bolivia y al Ministerio de Minería la suspensión de concesiones a cooperativas o empresas cuyos explosivos aparezcan vinculados a protestas sociales. Según dijo, existe preocupación por el ingreso de material peligroso a la ciudad en medio de un escenario marcado por bloqueos, marchas y protestas que exigen la renuncia del presidente.
Las declaraciones oficiales fueron interpretadas por varios sectores movilizados como un mensaje de presión antes del ingreso de la marcha a La Paz. En distintos puntos del recorrido, dirigentes y participantes denunciaron que existe un intento de deslegitimar las protestas sociales vinculándolas directamente con hechos delictivos, pese a que miles de personas participan de manera pacífica en las movilizaciones.
El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, afirmó que los operativos ejecutados durante el fin de semana se realizaron sin armas letales, aunque advirtió que la institución está habilitada para intervenir si la situación se agrava.
“La Policía Boliviana está para preservar la vida. No queremos hacer uso de la fuerza, pero de ser necesario tendremos que hacerlo de manera progresiva, legal y proporcional”, manifestó Sokol durante la presentación del operativo de seguridad desplegado en la ciudad.
La autoridad policial sostuvo además que algunos grupos intentarían ingresar con artefactos explosivos artesanales destinados a atacar a efectivos del orden y civiles. Bajo ese argumento, explicó que la respuesta policial podría incrementarse dependiendo del nivel de riesgo que enfrenten los uniformados en las calles.
