Durante más de quince años, Bolivia movió miles de millones de bolivianos en gastos reservados sin control ni transparencia, un sistema que comenzó con Jaime Paz Zamora y se consolidó hasta Carlos Mesa, dejando un legado de impunidad histórica.
Por Marco Antonio Santivañez Soria
Periodista internacionalista
Desde 1990, Bolivia cargó con un secreto que pocos conocían pero que marcó profundamente la gestión pública: los gastos reservados. Se trataba de partidas presupuestarias manejadas bajo el argumento de proteger la seguridad del Estado, pero que en la práctica funcionaban sin control ciudadano ni auditoría pública.
Durante más de quince años, millones de bolivianos fueron administrados a discreción de presidentes y ministros, beneficiando, en muchos casos, a círculos políticos cercanos y dejando a la ciudadanía sin respuestas ni mecanismos de control.
LA ERA PAZ ZAMORA
Todo comenzó con Jaime Paz Zamora, quien asumió la presidencia en 1990 y estableció los primeros lineamientos de esta partida secreta.
Según registros oficiales, durante su gobierno se ejecutaron aproximadamente 167 millones de bolivianos en gastos reservados. Aquella cifra, considerable para la época, se movió sin supervisión pública ni documentación accesible, lo que sentó un precedente histórico: la discrecionalidad se convirtió en la regla y la opacidad, en norma.
Paz Zamora fue, en términos políticos, el promotor inicial de la corrupción moderna en Bolivia, porque abrió un modelo que sus sucesores replicarían y perfeccionarían durante más de una década.
SÁNCHEZ DE LAZADA DOS GOBIERNOS CON GASTOS RESERVADOS
Cuando Gonzalo Sánchez de Lozada asumió la presidencia en 1993, heredó esta práctica y la amplió.
Durante su primer mandato se ejecutaron aproximadamente 517 millones de bolivianos en gastos reservados, destinados oficialmente a seguridad y operaciones discrecionales del Estado, pero que según denuncias de la época también sirvieron para sostener redes políticas y financiar clientelismo.
En su segundo gobierno, aunque los montos exactos son menos claros, la partida continuó creciendo y consolidó la percepción de que los gastos reservados eran un instrumento para el manejo discrecional del poder, más que una herramienta de seguridad nacional.
BANZER, TUTO Y SU CAJA FUERTE
Entre 1997 y 2001, Hugo Banzer Suárez asumió la presidencia y continuó la práctica, ejecutando aproximadamente 541 millones de bolivianos sin que existieran mecanismos efectivos de control ni rendición de cuentas.
Su sucesor, Jorge “Tuto” Quiroga, mantuvo la continuidad del esquema y destinó cerca de 138 millones de bolivianos a la misma categoría de gasto discrecional.
De este modo, los cinco gobiernos que administraron los gastos reservados entre 1990 y 2005 consolidaron un patrón histórico: la discrecionalidad creada por Paz Zamora se expandió, se perfeccionó y se convirtió en un mecanismo de impunidad política.
MESA, EL ENCARGADOR DE BORRAR LAS PRUEBAS
Carlos Mesa, quien asumió la presidencia interina tras la renuncia de Sánchez de Lozada en 2003, heredó un sistema ya consolidado.
En enero de 2004, firmó el Decreto Supremo 27345, que formalizó la destrucción de todos los documentos relacionados con los gastos reservados. La norma establecía que los informes serían clasificados como secretos y que la Contraloría debía destruir la documentación una vez aprobada, dejando únicamente un acta sin detallar montos ni beneficiarios.
De este modo, millones de bolivianos gastados durante su gobierno quedaron sin respaldo documental, eliminando toda posibilidad de auditoría retroactiva.
Mesa defendió la medida alegando que respondía a la necesidad de proteger la seguridad del Estado, pero críticos como el entonces vicepresidente Álvaro García Linera consideraron que la quema de documentos representaba un encubrimiento institucionalizado, una manera de blindar a la clase política y perpetuar la impunidad de los manejos anteriores.
Más de mil cuatrocientos millones de bolivianos ejecutados en secreto entre 1990 y 2005, que en su mayoría fueron dineros de la famosa “Capitalización” podrían haber transformado la vida de miles de ciudadanos, pero en cambio se destinaron a fines opacos, y por hoy con pruebas eliminadas mediante el plumazo de Carlos Mesa.
GASTOS RESERVADOS EN AMÉRICA
Comparando con otros países, prácticas similares de gastos confidenciales existen, pero con controles internos y auditorías periódicas. En Chile y Argentina, por ejemplo, los recursos destinados a seguridad o inteligencia permanecen bajo custodia, pero no se destruyen las pruebas ni se ocultan los registros.
En Bolivia, en cambio, la legalización de la destrucción de documentos con el decreto de Mesa convirtió la opacidad en un mecanismo irreversible.
CINCO GOBIERNOS, MILLONES DE BOLIVIANOS DESAPARECIDOS
La historia de los gastos reservados no es solo un relato de cifras y decretos; es la crónica de cómo la discrecionalidad se transformó en norma, cómo la corrupción se institucionalizó y cómo los gobiernos de Paz Zamora, Sánchez de Lozada, Banzer, Quiroga y Mesa permitieron que el dinero público se moviera sin control ni responsabilidad.
Jaime Paz Zamora puede ser considerado el promotor inicial de esta forma moderna de corrupción, ya que con su decisión de abrir la puerta a los gastos reservados permitió que los gobiernos sucesores replicaran y expandieran el modelo hasta la quema de documentos bajo Mesa.
Hoy, los gastos reservados han desaparecido formalmente pero cada cifra ejecutada en secreto, cada documento destruido y cada acta vacía constituyen un capítulo oscuro en la historia de la administración pública, un legado que todavía desafía la memoria y la justicia en Bolivia.
La sociedad nunca conoció la verdad completa sobre millones de bolivianos gastados, y el patrón de impunidad que se consolidó durante esos años.
La quema de documentos bajo Mesa, en particular, cerró la posibilidad de que algún día se supiera quiénes fueron los beneficiarios o si se cometieron irregularidades.