La Fiscalía de La Paz confirmó la citación del ministro de Hidrocarburos para declarar como testigo por presuntas irregularidades en la compra de combustible, en un proceso que involucra denuncias formales y cambio reciente en YPFB.
La investigación por presuntas irregularidades en la adquisición de combustibles da un paso relevante con la decisión del fiscal departamental de La Paz, Carlos Torres, de convocar a declarar al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, en calidad de testigo.
La autoridad fiscal confirmó que la comparecencia será fijada para la próxima semana, tras una reprogramación solicitada por la propia autoridad de Gobierno. “En la próxima semana será convocado con un nuevo día y fecha, tomando en cuenta la agenda de la comisión de fiscales, para que pueda prestar su declaración el señor ministro”, señaló Torres en una entrevista con Unitel.
El ministro ya había sido citado anteriormente para el 27 de marzo, pero presentó un memorial pidiendo la suspensión de esa convocatoria. “Evidentemente, habría presentado una solicitud de suspensión, tomando en cuenta los aspectos que han sido considerados por la comisión de fiscales”, precisó el fiscal, confirmando que la solicitud fue aceptada.
El caso se origina en dos denuncias formales que apuntan a un posible sobreprecio en la compra de combustible. El principal señalado es el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Yussef Akly, quien dejó el cargo recientemente en medio de la controversia.
Una de las denuncias fue presentada por el vicepresidente del Estado, Edmand Lara, bajo acusaciones que incluyen conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado, enriquecimiento ilícito e incumplimiento de deberes. A esta acción se suma una segunda denuncia impulsada por legisladores de Alianza Popular.
Desde esa bancada, la diputada Claudia Herbas remarcó que la salida de Akly no detiene el proceso investigativo. “El cambio de autoridad que ha realizado el presidente no significa que es un borrón y cuenta nueva”, afirmó, insistiendo en que debe esclarecerse un eventual daño económico vinculado tanto a la compra como a la distribución de combustible.
La Fiscalía mantiene abiertas ambas causas y avanza en la recolección de declaraciones, en un proceso que se centra en establecer responsabilidades sobre las condiciones en las que se concretaron las adquisiciones observadas.