La disputa por una sentencia de 2015 contra el ministro Freddy Vidovic profundiza la división en el Ejecutivo y obliga al presidente Rodrigo Paz a evaluar decisiones que marcarán el rumbo inmediato del gobierno.
El gobierno atraviesa horas de fuerte tensión política tras revelarse un fallo judicial de hace casi una década que pone en jaque la continuidad del ministro de Justicia, Freddy Vidovic, y destapa un abierto desencuentro entre dos de las carteras más influyentes del gabinete. La controversia se desató después de que el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, confirmara la existencia y plena validez de una sentencia ejecutoriada de tres años de prisión contra Vidovic, emitida en 2015 por delitos de favorecimiento a la evasión y cohecho activ
La información llegó al despacho presidencial luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), encabezado por Romer Saucedo, solicitara una verificación formal de los antecedentes de todas las autoridades de alto rango. En ese proceso se detectó el fallo dictado por el entonces juez Román Cordero, quien aprobó un procedimiento abreviado al que Vidovic se sometió voluntariamente hace nueve años, renunciando a cualquier apelación y dejando firme la condena.
El ministro Oviedo sostuvo que la sentencia cumple todos los requisitos de ejecutoria y, por tanto, sus efectos son inmediatos. Señaló que un fallo de esa naturaleza implica automáticamente la suspensión temporal de los derechos ciudadanos, lo que impide ejercer funciones públicas. “Es un principio básico del ordenamiento jurídico. Una sentencia ejecutoriada afecta directamente la habilitación para ocupar cargos en la administración del Estado”, afirmó.
Lo que incrementó el desconcierto fue el hallazgo de que dicha condena no figura en el Registro de Antecedentes Penales (Rejap). Para Oviedo, esta omisión constituye un hecho “sumamente extraño” que amerita investigación, puesto que cualquier sentencia ejecutoriada debería constar en ese sistema. La anomalía abre la sospecha sobre la posible manipulación o pérdida de documentos en años anteriores, lo que ahora obliga a una revisión exhaustiva.
Como reacción inmediata, el informe fue remitido al presidente Rodrigo Paz, quien deberá decidir si mantiene o separa del cargo a Vidovic mientras se aclaran las circunstancias jurídicas. La situación, sin embargo, no solo plantea un dilema legal, sino también un conflicto político que amenaza con fracturar el equilibrio interno del gabinete.
Desde el primer momento, Vidovic rechazó la validez del proceso en su contra. A través de un comunicado, recordó que en 2015 ejercía como abogado en el polémico caso Belaúnde y aseguró que tanto él como otros profesionales fueron perseguidos y torturados durante la intervención del aparato estatal en ese proceso. Según su relato, aceptó un procedimiento abreviado únicamente para proteger su integridad física y bajo un clima de coacción constante.
“Aceptar un juicio abreviado en esas condiciones no es reconocer culpa. Era un mecanismo para sobrevivir en un sistema represivo y sin garantías”, manifestó. También sostuvo que nunca fue notificado con la sentencia y que el proceso estuvo lleno de irregularidades desde su inicio. En su criterio, la condena ya no debería generar efectos jurídicos porque la pena fue suspendida condicionalmente y han transcurrido más de ocho años desde su emisión.
El ministro citó el artículo 234 de la Constitución para respaldar su posición, indicando que la inhabilitación solo procede cuando la sentencia ejecutoriada está pendiente de cumplimiento, situación que —según su defensa— no corresponde a su caso. Vidovic anunció la presentación de un recurso extraordinario de revisión de sentencia para que un tribunal independiente analice las condiciones en las que se dictó el fallo.
En medio del conflicto, el vicepresidente Edmand Lara se alineó con Vidovic y destacó que su despacho impulsa acciones contundentes contra la corrupción. Aunque evitó declaraciones amplias, su postura fue interpretada como un mensaje político sobre la necesidad de revisar el caso con mayor profundidad antes de tomar decisiones drásticas. El gesto dejó entrever tensiones internas en la cúpula del gobierno y una posible ruptura dentro de la estructura del PDC.
La situación ha generado preocupación dentro del entorno presidencial, que observa cómo dos ministerios clave —Gobierno y Justicia— exponen posturas irreconciliables sobre un caso que ahora recae directamente en manos del presidente Paz. Por su parte, sectores políticos y analistas coinciden en que la decisión que adopte el mandatario marcará el tono del gobierno durante los próximos meses, ya sea afirmando su liderazgo o abriendo una brecha mayor entre sus colaboradores.