El nuevo precio de Bs 18 para grandes consumidores desató críticas de sectores productivos y políticos, que advierten sobre mayores costos, contrabando y presión sobre los alimentos.
El Decreto Supremo 5676, que establece un precio de Bs 18 por litro de diésel para grandes consumidores y compradores directos, provocó una reacción inmediata de transportistas, productores agropecuarios, cañeros, campesinos y representantes políticos, que cuestionan tanto el costo fijado como la forma en que fue adoptada la medida.
La norma establece un esquema diferenciado para la comercialización del combustible. Mientras determinados consumidores mantienen un precio de Bs 9,80 bajo las condiciones establecidas por el Gobierno, quienes compren directamente a YPFB y los denominados grandes consumidores deberán pagar Bs 18 por litro. La diferencia es precisamente uno de los principales puntos observados por los sectores afectados.
Desde la Vicepresidencia, Edmand Lara expresó públicamente su rechazo al decreto y sostuvo que el incremento ya tiene una denominación entre la población. “En las calles, en los mercados, en el campo, tiene otro nombre y se llama Dieselazo”, afirmó.
Lara advirtió que el aumento puede trasladarse a productos y servicios de uso cotidiano. “Nos llega a todos en el precio del pan, en el precio de la leche y en el precio del pasaje”, señaló.
LARA CUESTIONA UNA DECISIÓN TOMADA SIN CONSULTA
El vicepresidente cuestionó que una modificación de esta magnitud haya sido aprobada sin reuniones previas con los sectores que utilizan el combustible para transportar personas, producir alimentos o mover mercancías.
“Una decisión tan grande no se toma a escondidas. No se la toma en una noche sin sentarse con el pueblo”, afirmó.
Según Lara, el Gobierno debió consultar al transporte, al sector campesino y a los microempresarios antes de aplicar el nuevo esquema. “Gobernar es escuchar primero. Y aquí se decidió primero y se avisó después. Eso no es justo”, sostuvo.
También rechazó el argumento de que el incremento no necesariamente debería trasladarse a los precios finales. “En economía no existe la palabra debería. La palabra debería no sirve”, manifestó.
El vicepresidente planteó dejar sin efecto el decreto, convocar a Gobierno, transportistas, productores y trabajadores a una misma mesa, realizar una auditoría y reforzar la lucha contra el contrabando.
PRODUCTORES ADVIERTEN SOBRE MERCADO NEGRO
La Asociación Nacional de Avicultores cuestionó que exista una diferencia tan amplia entre los precios del combustible. Su presidente, Omar Castro, advirtió que esa brecha puede generar reventa y desvío del diésel.
“Va a haber diésel que van a sacar a 9,80 por debajo y se lo va a vender hasta 18 bolivianos en el mercado negro”, afirmó.
Castro señaló que el incremento elevará los costos de producción de pequeños, medianos y grandes productores y pidió al Gobierno reconsiderar la disposición.
La Cámara Agropecuaria del Oriente también rechazó la medida. Su presidente, Klaus Frerking, sostuvo que el precio diferenciado puede incentivar “el agio, la especulación, el mercado negro y la corrupción”.
Frerking señaló que el sector agropecuario consume aproximadamente el 16% del diésel nacional y utiliza ese combustible para sostener la producción de alimentos. Ante el posible impacto de la medida, afirmó: “Los productores agropecuarios no nos hacemos responsables del desabastecimiento de alimentos que pueda presentarse por esta causa”.
La organización anunció además la convocatoria a un congreso extraordinario para definir acciones frente al decreto.
TRANSPORTE PESADO CALCULA UN GOLPE DIRECTO
El transporte pesado también se sumó a las críticas. Pedro Quispe sostuvo que los límites establecidos para acceder a precios menores no corresponden al nivel de consumo de los vehículos que realizan viajes nacionales e internacionales.
“Es un engaño este decreto para nosotros”, afirmó.
El dirigente explicó que un transportista puede requerir alrededor de 2.000 litros de diésel al mes y cuestionó que quienes superen determinados volúmenes tengan que asumir el precio de Bs 18.
Juan Yujra, también dirigente del transporte pesado, sostuvo que el sector necesita principalmente garantizar el abastecimiento. Cuestionó además los mensajes contradictorios de las autoridades y advirtió que una diferencia de precios puede favorecer el desvío del combustible.
“Le mienten al pueblo, salen con discursos diferentes, al final no sabemos lo que está pasando”, afirmó.
LAS PROTESTAS YA LLEGARON A LAS CARRETERAS
El rechazo dejó de concentrarse únicamente en declaraciones públicas. Productores de la provincia Ichilo realizaron una marcha y un bloqueo esporádico en la carretera Santa Cruz-Cochabamba contra el precio establecido para los grandes consumidores.
Uno de los productores aseguró que existe una “disconformidad total” con la medida y afirmó que el sector no aceptará el nuevo precio.
En Tarija, organizaciones campesinas determinaron realizar una marcha este jueves 20 de agosto y declararse en huelga de hambre en protesta por la situación económica y el denominado dieselazo.
Los cañeros también exigieron dejar sin efecto el DS 5676. La Comisión Nacional de Productores Cañeros de Bolivia pidió, además, un precio adecuado para el etanol, el pago de la deuda pendiente por la compra de biocombustible y la liberación de exportaciones para generar divisas.
El sector planteó también facilitar la importación de vehículos Flex Fuel y se declaró en estado de alerta.
OPOSICIÓN CUESTIONA AL GOBIERNO
Las críticas también llegaron desde la Asamblea Legislativa. La senadora Ana María Crispín calificó el incremento como una “subida sorpresa” y cuestionó que la decisión haya sido tomada sin una socialización previa.
Advirtió que el aumento puede repercutir en transporte, logística y precios de los productos. “Gobierno, paso que da, paso que se equivoca”, sostuvo.
Tomasa Yarhui, jefa de bancada de Libre, calificó el incremento como un “gran golpe a la producción boliviana” y cuestionó que después de nueve meses el Gobierno todavía no haya resuelto el problema del abastecimiento de combustibles.
“En nueve meses no hay solución a este problema tan delicado y gravísimo”, afirmó.
Rafael López, también de Libre, cuestionó el manejo de la crisis de hidrocarburos y sostuvo que el incremento de los carburantes terminará trasladándose a los hogares. “Al incrementarse el combustible, ya sea el diésel o la gasolina, esto va a generar que se incremente la canasta familiar”, afirmó.
El rechazo alcanza también al exdiputado Wilman Cardozo, quien cuestionó la gestión de las autoridades mientras persisten problemas económicos, escasez de dólares y dificultades con los combustibles.
El cuestionamiento al DS 5676, por tanto, reúne a sectores con intereses distintos: transporte, agro, productores de alimentos, cañeros, campesinos y representantes políticos. Todos coinciden en señalar que el precio de Bs 18 modifica sus costos de operación y producción, mientras la diferencia con otros precios del diésel genera preocupación por la reventa y el contrabando.
EL RECHAZO AL DIÉSELAZO CRECE
