Tras el rechazo legislativo, el Ejecutivo alista una nueva estrategia para insistir en la anulación del tributo creado en 2020, argumentando bajo impacto fiscal y necesidad de atraer capitales al país.
El Gobierno de Rodrigo Paz volverá a impulsar la eliminación del Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF), pese a que la Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados rechazó el proyecto de ley que buscaba su anulación. La decisión fue confirmada por el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, quien informó que el Ejecutivo reorganiza su agenda legislativa para insistir en la propuesta.
La autoridad sostuvo que el equipo gubernamental reforzará la coordinación con la Asamblea Legislativa Plurinacional con el objetivo de exponer nuevamente los argumentos oficiales y gestionar respaldos políticos suficientes. Según datos proporcionados por el propio Ministerio, el IGF recaudó aproximadamente 162 millones de bolivianos en 2025, cifra que el Ejecutivo considera marginal dentro del total de ingresos tributarios del Estado.
El Impuesto a las Grandes Fortunas fue establecido durante la administración de Luis Arce y alcanza a personas naturales con patrimonios superiores a 30 millones de bolivianos, aplicando alícuotas progresivas de entre 1,4% y 2,4%. El actual Gobierno sostiene que su vigencia envía señales desfavorables a potenciales inversionistas y que su eliminación podría contribuir a mejorar la percepción del país en materia de clima de negocios.
Desde el Ejecutivo se anunció que se intensificarán las reuniones técnicas y políticas con legisladores para revisar el contenido normativo y explicar los fundamentos de la iniciativa. También se reiteró la disposición de ampliar la información requerida por los asambleístas y cumplir los procedimientos establecidos en el trámite parlamentario.