La Resolución de Poderes de Guerra de 1973 ordena que toda operación bélica sin aval del Congreso cese a los 60 días. Este lunes vence el plazo para las acciones de Trump.
Con datos de Telesurtv.net
A partir de este lunes 3 de noviembre, el Gobierno de Estados Unidos debería cesar sus operaciones militares en el Caribe y el Pacífico Oriental. Así lo establece la Resolución de Poderes de Guerra, una norma aprobada por el Congreso en 1973 que limita el uso unilateral de las fuerzas armadas por parte del Ejecutivo.
La disposición legal, vigente desde la época de la guerra de Vietnam, determina que cualquier acción militar sin autorización legislativa expresa debe concluir a los 60 días de su inicio. Ese periodo se cumple hoy, luego de que el presidente Donald Trump notificara al Congreso sobre el inicio de sus operaciones el pasado 4 de septiembre.
De acuerdo con el texto de la Resolución, conocida en Washington como “el reloj de 60 días”, la Casa Blanca está obligada a retirar sus tropas o cesar los ataques si no cuenta con una aprobación formal. Sin embargo, fuentes cercanas al Departamento de Justicia aseguran que el gobierno estadounidense no considera que las acciones emprendidas en el Caribe y el Pacífico Oriental constituyan “hostilidades” en los términos previstos por la ley.
Elliot Gaiser, jefe de la Oficina de Asesoría Legal de esa dependencia federal, explicó que el Ejecutivo interpreta las operaciones actuales como “acciones preventivas y de vigilancia”, lo que, en su criterio, no las ubica dentro del marco de la Resolución de 1973. “No se trata de un conflicto armado directo”, declaró Gaiser a medios locales, al justificar la continuidad de las misiones en la zona.
No obstante, antiguos asesores legales del Departamento de Estado y especialistas en derecho constitucional discrepan de esa posición. Para ellos, la extensión de las operaciones militares sin el aval del Congreso constituye una vulneración directa al espíritu de la norma, que fue creada precisamente para evitar el uso discrecional de la fuerza militar. “El Congreso tiene ahora la responsabilidad de hacer cumplir su propia legislación”, señaló un exfuncionario del área jurídica del Departamento de Estado, quien pidió mantener el anonimato.
Desde su inicio, la ofensiva ordenada por Trump ha dejado al menos 65 víctimas fatales, de las cuales 10 habrían muerto en circunstancias calificadas como ejecuciones extrajudiciales en aguas internacionales cercanas a Venezuela, según reportes de observadores internacionales. Diversas organizaciones humanitarias han solicitado una revisión inmediata de las acciones militares, alertando sobre posibles violaciones al derecho internacional.
El debate sobre los límites del poder presidencial en materia bélica vuelve así al centro de la política estadounidense. Mientras el Ejecutivo insiste en que actúa dentro de la ley, legisladores de ambos partidos demandan mayor transparencia y un informe detallado sobre las operaciones. En las próximas horas, el Congreso podría solicitar explicaciones formales, lo que abriría un nuevo capítulo en la larga disputa institucional entre la Casa Blanca y el Capitolio.