La justicia ordena reclusión preventiva en Palmasola mientras avanzan investigaciones por legitimación de ganancias ilícitas, con hallazgos de dinero, bienes y presuntos vínculos con contrataciones estatales observadas.
La decisión judicial contra Marcelo Arce Mosqueira marca un giro relevante en una investigación que involucra presuntos movimientos económicos irregulares y posibles beneficios obtenidos desde estructuras estatales. El Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Nº27 de Santa Cruz dispuso su detención preventiva por 140 días en el penal de Palmasola, medida que busca garantizar el desarrollo de las pesquisas.
El proceso se originó de oficio y alcanza también a otros miembros de su entorno familiar. De acuerdo con reportes oficiales del Viceministerio de Transparencia, existen indicios de que Arce Mosqueira habría accedido a recursos mediante “direccionamiento en procesos de contratación”, además de ocupar espacios dentro de oficinas vinculadas a YPFB.
Durante los operativos, las autoridades incautaron 16.500 dólares, 40.000 bolivianos, una camioneta y objetos que refuerzan la línea investigativa. Posteriormente, el investigado fue localizado en la zona de Equipetrol, donde intentó evadir a la Policía antes de ser interceptado.
El abogado defensor cuestionó la decisión judicial calificándola de “excesiva” y sostuvo que únicamente se logró acreditar la existencia de “dos vehículos y dos viviendas”, intentando desvirtuar la magnitud de los hallazgos.
Sin embargo, los informes preliminares señalan la posible vinculación con al menos 18 inmuebles y 20 vehículos que, aunque no figuran formalmente a su nombre, estarían relacionados con su actividad económica.
A su llegada al Palacio de Justicia, Arce Mosqueira expresó brevemente: “al final se hace justicia” y añadió que “el poder es pasajero”, en medio de gritos de ciudadanos que exigían la devolución de recursos y lo acusaban de actos ilícitos.