Por Marco Antonio Santivañez Soria
Periodista internacionalista
En 67 días, Bolivia volverá a las urnas para elegir gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales municipales en 339 municipios. Debería ser una fiesta democrática. Debería, pero no lo será, porque, una vez más, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) decidió jugar a ser árbitro, juez y verdugo del proceso electoral, emitiendo resoluciones tardías que terminan ejecutando políticamente a ciudadanos que ya estaban habilitados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Aquí no hay democracia, hay dedocracia, un sistema donde no manda el voto, sino la firma de magistrados que llegan tarde, pero con la lapicera cargada. Como ya ocurrió en las elecciones nacionales, el TCP volvió a tomar el sartén por el mango y a definir quién compite y quién no. Sin debate, sin margen de corrección, sin posibilidad real de defensa.
Desde el inicio del proceso electoral, el juego estuvo viciado. Mientras algunos partidos lograban inscribirse sin mayores obstáculos, otros fueron expulsados de la carrera antes de arrancar.
Evo Pueblo, Morena y varias agrupaciones quedaron en el camino. No por decisión popular, sino por fallos administrativos y judiciales que parecían escritos con calculadora política.
El caso de ADN y UCS desnuda la doble moral institucional. Ambos partidos perdieron su personería jurídica por no alcanzar el 3% en las elecciones generales. La ley es clara. Hasta ahí, correcto. Pero el problema es cómo se aplica.
UCS sigue habilitado para participar en las subnacionales, mientras el TCP no determine otro camino, ADN no.
La salida de ADN tiene un efecto dominó devastador. Todas las alianzas construidas alrededor de ese partido quedaron automáticamente anuladas.
Decenas de candidatos que ya habían sido habilitados, que presentaron documentación en regla, que hicieron campaña y recorrieron barrios, fueron inhabilitados de un plumazo. Sin derecho a reemplazo, sin derecho a apelación efectiva, sin tiempo.
Y aquí aparece el verdadero responsable: el TCP. Porque sus resoluciones llegan fuera del calendario electoral, cuando ya no hay margen para correcciones, cuando el daño está hecho, cuando el TSE, atado de manos, solo ejecuta la orden constitucional.
¿Qué culpa tienen los ciudadanos?, ninguna. ¿Qué culpa tienen los candidatos?, ninguna. Ellos confiaron en el sistema, presentaron papeles, cumplieron requisitos, se sometieron a la verificación electoral. El propio TSE les dijo que estaban habilitados, y luego, por una resolución tardía, los sacan del tablero como piezas descartables.
Esto no es justicia, es arbitrariedad. No se puede castigar a personas por errores o sanciones dirigidas a estructuras partidarias. No se puede mutilar el derecho político fundamental de elegir y ser elegido por decisiones que llegan fuera de plazo.
Bolivia no puede seguir gobernada por fallos que responden a intereses políticos disfrazados de legalidad. No puede normalizar que el TCP actúe como actor electoral. La Constitución no es un arma: es una garantía.
Mientras el TCP siga jugando a mover fichas, la democracia seguirá siendo rehén. Y el voto, una ilusión decorativa, y la dedocracia la disfrazan de democracia.