Un Decreto Supremo emitido en 2001 por el expresidente Jorge Quiroga Ramírez establece que la propiedad del Mercado Campesino pertenece a la Gobernación del Beni.
La concejala Betssy Ortiz, acompañada por su abogado Hans Soruco Suárez, reafirmó que los terrenos del Mercado Campesino pertenecen legalmente a la Gobernación del Beni y a la Alcaldía Municipal de Trinidad, respaldando su postura con documentación certificada en Derechos Reales.
Ortiz denunció que ha sido nuevamente notificada con una multa de Bs. 170 mil por su negativa a aprobar la expropiación del Mercado Campesino. Considera que esta sanción es un acto de amedrentamiento que vulnera sus derechos y su estabilidad económica. “No gano Bs. 300 mil al mes para pagar esa multa. La proporcionalidad debe ser acorde a los ingresos de una persona,” enfatizó, señalando que es madre soltera de dos hijos, uno de ellos menor de edad.
Según Ortiz, la multa se basa en una solicitud presentada por el ciudadano Sebastián Paz Quaino, a pesar de que este no ostenta un cargo dentro del Tribunal de Justicia Departamental ni de la Sala Constitucional. “Los vocales de la Sala Constitucional, Charles Mejía y Marco Justiniano, están violando mis derechos y atentando contra mi persona y mis hijos con esta sanción arbitraria,” afirmó.
La concejala recordó que en la acción popular promovida por el exdirigente campesino Harley Limpias, ni ella ni otros concejales fueron demandados, por lo que considera injustificada la imposición de la multa. Insistió en que los documentos de Derechos Reales de 2024 confirman la propiedad de los terrenos en favor de la Gobernación y la Alcaldía de Trinidad.
POSICIÓN DEL ABOGADO HANS SORUCO
El abogado Hans Soruco Suárez desafió a Juan Sebastián Paz Quaino a presentar documentación válida que demuestre su supuesto derecho propietario, pero registrada legalmente en Derechos Reales. Asimismo, instó al gobernador Alejandro Unzueta a tomar acciones concretas en defensa de los bienes del Estado y no incurrir en omisión de deberes.
Soruco también hizo un llamado a la Federación de Campesinos del Beni para sumarse a la lucha contra lo que considera una expropiación ilegal de bienes estatales, enfatizando que la legislación boliviana prohíbe este tipo de medidas.
Presentó, además, una certificación emitida por el Tribunal de Justicia del Beni, que indica que no existe ningún proceso civil de compensación sobre los terrenos del Mercado Campesino en favor de Ana María Ribera Gutiérrez viuda de Justiniano contra el exalcalde de Trinidad, Moisés Shiriqui Vejarano.
El abogado destacó que cualquier negociación o permuta de bienes estatales requiere una ley del Congreso, Parlamento o Asamblea Legislativa Plurinacional. En el caso del Mercado Campesino, afirmó que nunca hubo una norma que facultara al exalcalde Shiriqui para realizar dichas transacciones. “Si el Juez Público 1ro. en lo Civil, Rodolfo Hurtado, aprobó y homologó un acuerdo sobre estos terrenos, dicha acción es nula de pleno derecho,” aseveró.
Finalmente, Soruco pidió a la ciudadanía de Trinidad que continúe apoyando esta lucha legal junto con el alcalde Cristhian Cámara y los concejales Betssy Ortiz, Víctor Fernández y Aleida Barboza, quienes enfrentan multas diarias de entre Bs. 5 mil y Bs. 10 mil por no aprobar la expropiación del Mercado Campesino, a pesar de no existir justificación de necesidad o utilidad pública.
El abogado recordó que un Decreto Supremo emitido en 2001 por el expresidente Jorge Quiroga Ramírez establece que la propiedad del Mercado Campesino pertenece a la Gobernación del Beni. “Este hecho confirma que la expropiación es improcedente y que estamos ante una amenaza legal injustificada contra autoridades que están defendiendo el patrimonio del pueblo,” concluyó Soruco.