El acuerdo fue anunciado por el vicepresidente David Choquehuanca, acompañado de los presidentes de las cámaras de Diputados, Israel Huaytari, y de Senadores, Andrónico Rodríguez, además de los jefes de bancada del MAS, Comunidad Ciudadana y Creemos y los presidentes de las Comisiones de Constitución y de Justicia Plural.

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Luego de cinco días de diálogo, las fuerzas políticas con representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional acordaron agilizar el tratamiento del proyecto de ley 144 de las elecciones judiciales, además, de los proyectos de suspensión de plazos procesales y de cesación de funciones de las altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional.

El acuerdo fue anunciado por el vicepresidente David Choquehuanca, acompañado de los presidentes de las cámaras de Diputados, Israel Huaytari, y de Senadores, Andrónico Rodríguez, además de los jefes de bancada del MAS, Comunidad Ciudadana y Creemos y los presidentes de las Comisiones de Constitución y de Justicia Plural.

Choquehuanca leyó el contenido del acuerdo, donde se establece reanudar el procedimiento legislativo del proyecto de ley 144 y viabilizar su aprobación, sin ninguna modificación tanto en el pleno de la Cámara de Diputados, como en el pleno de la Cámara de Senadores, para su posterior remisión al Órgano Ejecutivo.

La presidencia de la Cámara de Diputados convocará para el lunes 5 de febrero a sesión con el fin de tratar de manera exclusiva y hasta su total aprobación del proyecto de ley 144 para las elecciones judiciales. La Cámara de Senadores sesionará el martes 6 de febrero con el mismo objetivo.

Además, se acordó que posterior a la aprobación de la ley de las elecciones judiciales se tratará el proyecto de ley 073, que suspende los plazos procesales en todas las materias en el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional a partir del 2 de enero hasta la posesión de las nuevas autoridades judiciales elegidas por voto popular.

En ese mismo punto está el tratamiento del proyecto de ley 075, que deja sin efecto el numeral 4 de la parte resolutiva de la Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023 que dispone la prórroga de mandato de las autoridades del Órgano Judicial y del TCP. Es decir, anula la prórroga de mandato de las máximas autoridades judiciales.

La ampliación del mandato de las autoridades del Órgano Judicial y del TCP fue el principal motivo esgrimido para el bloqueo de caminos evista que este viernes cumple 12 días con un daño económico que supera los $us 680 millones, cuatro muertos y perjuicios a la población. Desde el Gobierno se advirtió que en el fondo el interés es revertir el fallo que estableció que la reelección indefinida no es un derecho humano, lo que afecta los intereses de Morales.

En el acta también se establece que las cámaras abordarán y aprobarán una serie de proyectos de ley cruciales para el financiamiento de la agenda económica del país, en el marco de la reactivación económica del Estado.

LEYES DE CAPTACIÓN DE CRÉDITOS

Entre los proyectos de ley se encuentran el 145/2023-2024 (Contrato de préstamo para el proyecto mejoramiento y ampliación a 8 carriles carretera La Paz – Oruro, tramo Senkata – Apacheta); 268/2022-2023 (contrato de préstamo para el programa de apoyo a la preinversión para el desarrollo II); 156/2023-2024 (convenio de préstamo para el programa apoyo de emergencia para respuesta a COVID-19); 079/2023-2024 (Adenda n° 1 al contrato de préstamo cfa 9545, para financiar el proyecto construcción de la doble vía Caracollo – Colomi: tramo 2B Confital – Bombeo); 189/2023-2024 (contrato de préstamo para el programa de ampliación de la red de Mi Teleférico para una movilidad eléctrica sostenible e inclusiva para La Paz); 254/2023-2024 (contrato de préstamo para el Programa de Electrificación Rural III y para el proyecto mejora del acceso sostenible a la electricidad en Bolivia – IDTR III); 255/2023-2024 (contrato de préstamo para el proyecto construcción con pavimento camino Faja Norte (Yapacaní).

Según el Gobierno, están pendientes de aprobación en el Legislativo $us 825 millones.

Este acuerdo también prevé el tratamiento continuo y con la debida diligencia de otros proyectos de ley pendientes en la Cámara de Diputados.

VIGILIA

Los bloqueos de carretera se levantaron, después de 12 días, hasta hoy, anunció el dirigente Ponciano Santos y manifestó que se trata de un cuarto intermedio en la medida de presión.

Ayer, sin embargo, los manifestantes llegaron hasta La Paz para iniciar una vigilia, hasta que la Ley de Elecciones Judiciales sea promulgada.

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12 días se paralizó al país

Richter advierte que bloqueo tendrá impacto en el PIB y el empleo

El bloque de caminos provocó un daño económico superior a los $us 832 millones y tendrá un impacto en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y el empleo, alertó el portavoz presidencial Jorge Richter.

“Tenemos una cifra que está superando los 800 millones de dólares en pérdidas, esta es una cifra que va a tener, sin lugar a dudas, un impacto importante sobre el Producto Interno Bruto del país, también sobre el crecimiento, los indicadores de empleo, de producción y en las recaudaciones impositivas”, explicó.

Para este año, el Presupuesto General del Estado (PGE) prevé una tasa de crecimiento del PIB en 3,71%.

Sin embargo, el daño económico provocado es irreversible. Richter enumeró pérdidas en el aparato productivo, en el turismo, trasportes, agro, entre otros sectores.

“¿Quién va a asumir los costos de esta pérdida cuantiosa que se va acercando a los 1.000 millones de dólares? En noviembre del año 2022, con el paro de los 36 días, el país perdió alrededor de 1.200 millones de dólares, en esa perspectiva hay que saber que cada momento y cada tiempo que el país va perdiendo recursos económicos en esta cantidad pues el proceso de crecimiento se ve ralentizado”, advirtió.

A esas pérdidas económicas, Richter sumó la imposibilidad de transportar carburantes de oriente a occidente, lo que provocó filas en algunas ciudades como La Paz, el deceso de cuatro personas, más de una treintena de policías heridos en los bloqueos, agresiones con piedras a viajeros y dirigentes de organizaciones sociales, y cobros para transitar por zonas bloqueadas.

De acuerdo con Richter, la protesta buscó “tener una presencia en el Tribunal Constitucional que le permita” modificar la sentencia constitucional 1010/2023-S4, anularla posiblemente, para allanar una nueva candidatura presidencial.

“Este es el tema de fondo”, enfatizó.

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