Geolocalización apunta a que el acusado de sicariato y narcotráfico abandonó Bolivia, mientras tres uniformados son procesados por presuntamente proveer armas y apoyo logístico a la organización criminal.
El Gobierno confirmó que Yasser “Coco” Vásquez, señalado como cabecilla de una organización vinculada al sicariato y al narcotráfico, no se encontraría en territorio boliviano.
La información fue proporcionada por el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, quien explicó que los trabajos de geolocalización realizados en municipios del Beni no dieron resultados positivos, lo que refuerza la hipótesis de una fuga hacia Brasil.
Aguilera precisó que la búsqueda se concentró en las localidades de Santa Rosa de Yacuma y Trinidad, sin éxito alguno.
“El despliegue policial en la zona y la cercanía con la frontera hacen presumir que el acusado logró cruzar al país vecino”, sostuvo en una entrevista televisiva.
La figura de Vásquez ha cobrado notoriedad en los últimos meses debido a la gravedad de las acusaciones que enfrenta. Además de los cargos por tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas, la Fiscalía lo investiga por legitimación de ganancias ilícitas y, más recientemente, por su supuesta responsabilidad en al menos 13 asesinatos por encargo.
Entre las víctimas estaría incluso el exfiscal departamental de Beni, Gerardo Balderas, quien fue objeto de una orden de muerte.
Sin embargo, el propio Vásquez ha utilizado las redes sociales para negar todas las imputaciones.
En un video difundido la semana pasada, afirmó que se trata de una persecución sin fundamentos y que “todo es un show”. Sus palabras han despertado debate, pero para las autoridades constituyen una maniobra de defensa sin sustento legal.
El caso dio un giro adicional este lunes, cuando tres uniformados —dos militares y un policía— fueron aprehendidos en operativos simultáneos.
Según la investigación, los funcionarios habrían facilitado armamento y equipos a la organización liderada por Vásquez, además de contribuir a establecer posibles rutas de fuga en el Beni.
Aguilera fue enfático al señalar que la provisión de armas a particulares está prohibida y representa un delito grave, más aún cuando se vincula a actividades de grupos criminales. “Se indaga de qué manera estos servidores públicos lograron colaborar con la red, comprometiendo no solo la seguridad del Estado sino también la confianza ciudadana en sus instituciones”, indicó.
Las detenciones han generado preocupación en diversos sectores, que advierten sobre la penetración de organizaciones ilícitas en estructuras estatales.
Para el Gobierno, este episodio evidencia la necesidad de reforzar los controles internos y profundizar las investigaciones sobre redes de corrupción que facilitan el crecimiento del crimen organizado.
Mientras tanto, las labores de búsqueda internacional continúan con el apoyo de organismos de inteligencia y cooperación transfronteriza. La expectativa se centra ahora en confirmar si “Coco” Vásquez se encuentra efectivamente en Brasil o en otro país de la región, y en qué condiciones podría ejecutarse su captura.
La situación mantiene en vilo a la población beniana, donde las denuncias sobre violencia, ajustes de cuentas y la expansión de estructuras criminales han crecido en los últimos años. Para las familias afectadas, la detención del acusado y sus colaboradores representa una deuda pendiente de la justicia.
