Dirigentes del norte cruceño denuncian que el Estado solo adquirió el 66% del volumen de etanol comprometido para 2025. Ocho mil familias dependen del cumplimiento íntegro de contratos firmados.
La cadena productiva de la caña de azúcar en Santa Cruz encendió su señal de alerta. Organizaciones representativas del sector confirmaron que la compra estatal de etanol no avanza al ritmo pactado en los contratos vigentes para la gestión 2025, lo que ya genera presión financiera en miles de unidades productivas.
De acuerdo con datos proporcionados por la Unión Agroindustrial de Cañeros (Unagro), el acuerdo suscrito establece la provisión de 230 millones de litros de etanol durante este año. Sin embargo, hasta el último reporte oficial, la estatal adquirió 154 millones de litros, equivalente al 66% del total comprometido. La información fue difundida públicamente por su presidente, Beltrán Flores, y replicada por medios nacionales.
El diferencial pendiente —76 millones de litros— no es una cifra abstracta. Detrás se encuentran aproximadamente 8.000 familias del norte cruceño que estructuraron su planificación agrícola y financiera en función de ese volumen. La siembra, la cosecha, el transporte y la industrialización de la caña se ejecutan bajo cronogramas y créditos previamente asumidos. Una alteración en la compra impacta de forma directa en la capacidad de pago y en la continuidad operativa.
La Confederación Nacional de Cañeros de Bolivia (Concabol), a través de su presidente Óscar Arnez, ratificó que el contrato no contempla disminuciones, sino incrementos progresivos en la absorción de etanol. La dirigencia confirmó reuniones con autoridades de YPFB y del área hidrocarburífera para revisar el cumplimiento del documento firmado.
Las advertencias del sector surgieron después de declaraciones del ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, quien mencionó la posibilidad de reducir la proporción de mezcla de etanol en la gasolina, en medio de reportes públicos sobre fallas mecánicas atribuidas a la calidad del combustible. Frente a esa situación, representantes técnicos de los productores rechazaron que el biocombustible sea el origen de los daños señalados y recordaron que el programa de mezcla se aplica desde hace siete años sin observaciones técnicas formales que establezcan responsabilidad directa del etanol.
Las organizaciones cañeras formalizaron su estado de emergencia y activaron instancias de coordinación interna en Santa Cruz para definir acciones institucionales orientadas al respeto del contrato. La posición oficial del sector es clara: cumplimiento íntegro de los volúmenes pactados y seguridad jurídica para una actividad que sostiene empleo, producción agrícola e industria en una de las principales regiones productivas del país.