Bloqueos, marchas, escasez y enfrentamientos agravan la crisis nacional mientras sindicatos, campesinos, mineros y juntas vecinales endurecen sus medidas y exigen la salida inmediata del presidente Rodrigo Paz.
La crisis social y política en Bolivia entró en uno de sus momentos más delicados de los últimos años. El Gobierno del presidente Rodrigo Paz enfrenta una ola de protestas que ya no se limita a un solo sector ni a una sola región. Campesinos, obreros, maestros, choferes, cooperativistas mineros y juntas vecinales comenzaron a confluir en un escenario de presión nacional que mantiene carreteras cerradas, ciudades parcialmente paralizadas y a miles de ciudadanos afectados por la escasez de alimentos, combustible y servicios básicos.
La tensión aumentó luego de que cooperativistas mineros y choferes paceños decidieran sumarse a las movilizaciones impulsadas por la Central Obrera Boliviana, que pasó de exigir atención a su pliego petitorio a pedir directamente la renuncia del mandatario. La determinación de ampliar las protestas terminó profundizando el aislamiento de la sede de Gobierno y dejó al Ejecutivo bajo una presión creciente.
Mientras las organizaciones sociales endurecen sus medidas, el Gobierno intenta abrir canales de diálogo que, hasta ahora, no lograron reducir el conflicto. Paz utilizó sus redes sociales para convocar públicamente a dirigentes sindicales, comités de bloqueo y sectores movilizados. “Quiero convocar y dialogar, como siempre, con los dirigentes que están representando hoy día estas posiciones de bloqueo, también con los comités de bloqueos y también con las bases”, escribió el mandatario en medio del deterioro del escenario nacional.
La convocatoria presidencial llegó varios días después del denominado Encuentro Nacional por el País realizado en Cochabamba, donde participaron autoridades nacionales, gobernadores, alcaldes y representantes políticos. Desde el Ejecutivo se presentó esa reunión como el inicio de una nueva etapa de acuerdos nacionales. Sin embargo, las calles mostraron otra realidad. Las protestas no disminuyeron y, por el contrario, comenzaron a expandirse hacia más regiones del país.
La raíz del conflicto es múltiple. Las organizaciones movilizadas reclaman desde incrementos salariales y rechazo a normas aprobadas por el oficialismo hasta la anulación de la Ley 1720, observada por sectores campesinos que consideran que favorece cambios sobre la propiedad de la tierra. A eso se suma el rechazo de maestros urbanos y rurales a las reformas educativas planteadas por el Gobierno, además del malestar por la situación económica y el incremento del costo de vida.
El desabastecimiento y el aumento de precios comenzaron a sentirse con fuerza en mercados de La Paz y El Alto. Comerciantes y vecinos denunciaron dificultades para conseguir productos básicos, mientras largas filas de vehículos se acumulan en distintos puntos bloqueados del país.
Los transportistas denunciaron una situación crítica en las rutas. Según organizaciones del transporte pesado, cerca de 7.000 camiones permanecen retenidos en carreteras estratégicas, especialmente en sectores como Patacamaya, Konani, Panduro y Desaguadero. Los conductores aseguran que llevan días sin acceso adecuado a alimentos, agua o atención médica. También reportaron que la circulación hacia Perú, Chile y departamentos como Santa Cruz, Cochabamba y Oruro quedó seriamente afectada.
La Policía reportó más de medio centenar de puntos de bloqueo durante el fin de semana, aunque dirigentes sociales sostienen que las medidas crecieron en las últimas horas. El impacto económico ya preocupa a productores y comerciantes que no logran trasladar mercadería hacia los principales centros urbanos.
En la ciudad de El Alto, la conflictividad alcanzó niveles alarmantes. Centenares de campesinos provenientes de provincias paceñas ingresaron a distintos sectores de la urbe y protagonizaron momentos de tensión con vecinos y comerciantes. Algunos grupos obligaron al cierre de negocios y mercados bajo amenazas, situación que provocó temor entre habitantes de varios distritos alteños.
Posteriormente, la Federación de Juntas Vecinales de El Alto salió en marcha y decidió adherirse al pedido de renuncia presidencial. La organización anunció bloqueos escalonados y advirtió que podría cercar completamente la ciudad de La Paz si el Gobierno no atiende las demandas sociales.
A la presión de campesinos y juntas vecinales se sumaron maestros y cooperativistas mineros, quienes bloquearon la autopista La Paz-El Alto, a la altura de la Cervecería, paralizando uno de los principales accesos entre ambas ciudades. Las movilizaciones provocaron que miles de personas debieran caminar largas distancias durante lunes y martes ante la imposibilidad de utilizar transporte público.
La COB también instruyó el denominado bloqueo de “las mil esquinas” en La Paz y El Alto, medida que paralizó varias avenidas y generó congestionamiento en sectores estratégicos de ambas ciudades.
En provincias, el conflicto se extiende con rapidez. Sectores sociales de Coroico instalaron bloqueos hacia Caranavi en rechazo a leyes y decretos gubernamentales que consideran perjudiciales para la población. Los movilizados anunciaron que mantendrán la medida hasta recibir respuestas concretas de las autoridades nacionales.
Las rutas hacia Oruro, Copacabana, Desaguadero y el norte paceño permanecen entre las más afectadas. Puntos como Viacha, Achica Arriba, Botijlaca, San Andrés de Machaca y Yolosa registran interrupciones permanentes del tránsito.
El deterioro político también se agravó con la irrupción de sectores afines al expresidente Evo Morales, quienes iniciaron la denominada “Marcha por la Vida para salvar Bolivia”. Los movilizados anunciaron que avanzarán hacia la sede de Gobierno para exigir la salida de Paz. La protesta se desarrolla además en medio del juicio oral en rebeldía que enfrenta Morales por un presunto caso de trata de personas agravada.