El informe destaca que Bolivia alcanza un 79% en los criterios prácticos sobre la resolución efectiva de conflictos de interés, un 60% en la regulación y un 59% en los criterios prácticos sobre la implementación de transparencia en la información pública
La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) aprobó la gestión del Estado boliviano en materia de normativa anticorrupción, conflicto de intereses, transparencia y acceso a la información pública, informó este miércoles el Ministerio de Justicia.
“El informe de evaluación por parte de la OCDE señala que Bolivia cumple con el 59% de regulación y el 65% de los criterios prácticos en el marco estratégico anticorrupción. Además, el país cumple en un 100% la regulación”, señala un reporte institucional.
Asimismo, el informe destaca que Bolivia alcanza un 79% en los criterios prácticos sobre la resolución efectiva de conflictos de interés, un 60% en la regulación y un 59% en los criterios prácticos sobre la implementación de transparencia en la información pública.
Este informe internacional posiciona a Bolivia con un nivel de aprobación favorable respecto a otros países de la región en cuanto a estrategias implementadas, destacando que el país ha alcanzado niveles similares e incluso superiores en algunos indicadores con relación a los países signatarios de la OCDE.
La evaluación fue realizada durante la gestión 2024 en el marco del Decreto Supremo 4872, titulado “Hacia una nueva gestión pública digitalizada y transparente”, que establece planes y acciones para la lucha anticorrupción.
La OCDE es un organismo internacional que emite recomendaciones y evaluaciones sobre indicadores de integridad y estrategias anticorrupción basadas en estándares internacionales.
El primer indicador evaluado verificó si Bolivia incluye leyes que establezcan competencias, institucionalidad, políticas de Estado y su ejecución en planes concretos. Además, se examinó la participación de instituciones públicas, organizaciones sociales y civiles.
Bolivia presentó las leyes 004, 974 y 1390, así como el Decreto Supremo 4857, entre otras normativas que establecen acciones concretas para la lucha contra la corrupción. Anualmente, se ejecutan reuniones públicas en las que participan actores sociales.
“El análisis de la OCDE está sustentado en indicadores con grados de evaluación objetivos, basados en la recolección de información mediante herramientas cuantitativas y cualitativas aplicadas en el marco de la participación de información y relevancia sobre la temática”, precisó el Ministerio de Justicia.
Datos Relevantes
El 2 de febrero de 2023, el Gobierno nacional promulgó el Decreto Supremo 4872, que aprueba la Política Plurinacional de Lucha Contra la Corrupción “Hacia una nueva gestión pública digitalizada y transparente”, estableciendo medidas concretas desglosadas en planes anuales aprobados por el Consejo de Lucha Contra la Corrupción y de cumplimiento obligatorio.
Durante el proceso de evaluación, los consultores de la OCDE destacaron la ejecución del 90% de la «Política Plurinacional de Lucha Contra la Corrupción», un porcentaje significativamente superior al promedio del 35% registrado en países miembros y no miembros de la OCDE.