La detención del expresidente Luis Arce abrió un nuevo capítulo en la investigación por el millonario desfalco al Fondo de Desarrollo Indígena. El Gobierno sostiene que se trata de una acción estrictamente judicial y que existen elementos suficientes para procesarlo por hechos ocurridos cuando ejercía como ministro de Economía. La Fiscalía, por su parte, confirmó que el exmandatario optó por guardar silencio en su declaración informativa y que ya se trabaja en una imputación formal. El caso, que durante años permaneció bajo sospecha, ahora concentra la atención pública por las responsabilidades que el Ministerio de Gobierno atribuye directamente a Arce.
CINCO DELITOS Y UNA RESPONSABILIDAD DIRECTA SEGÚN EL MINISTRO DE GOBIERNO
Durante una conferencia realizada la noche del miércoles, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, presentó la posición oficial del Ejecutivo respecto a la detención del exmandatario. Fue directo: sobre Arce pesan cinco delitos que, según afirmó, lo vinculan de manera frontal al desfalco del Fondo de Desarrollo Indígena. Las acusaciones incluyen conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, favorecimiento al enriquecimiento ilícito, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, y uso indebido de influencias.
Oviedo enfatizó que los hechos investigados corresponden al periodo en el que Arce ejercía como ministro de Economía y presidente del directorio del Fondo. En su criterio, esa posición lo convertía en el máximo responsable de la administración y del uso de los recursos destinados a las comunidades indígenas. Por ello, aseguró que no procede un juicio de responsabilidades y que el proceso debe seguir la vía penal común.
El daño económico confirmado hasta ahora asciende a 360 millones de bolivianos, aunque el ministro adelantó que las cifras finales podrían superar ampliamente ese monto. Según estimaciones preliminares, algunos proyectos financiados con irregularidades podrían elevar la afectación total a alrededor de 700 millones de dólares. “Es un daño comunitario y estructural que no puede quedar impune”, remarcó Oviedo, señalando que la investigación se ampliará a exautoridades, funcionarios y beneficiarios que recibieron recursos sin cumplir los requisitos legales.
La exdiputada Lidia Patty, quien firmó autorizaciones para varios de los desembolsos observados, ya se encuentra con detención preventiva. Para el ministro, esto demuestra que el proceso no apunta únicamente a Arce, sino a toda la estructura que operó durante esos años. Sin embargo, insistió en que el entonces ministro de Economía tenía la responsabilidad máxima sobre el manejo del Fondo.
DETENCIÓN EN LA PAZ Y CUESTIONAMIENTOS SOBRE LA LEGALIDAD DEL PROCEDIMIENTO
Luis Arce fue detenido la tarde del miércoles en la ciudad de La Paz, luego de que el fiscal Miguel Ángel Cardozo emitiera una orden de aprehensión por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. El operativo se ejecutó sin incidentes y el exmandatario fue trasladado de inmediato a instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).
La medida generó reacciones inmediatas en distintas esferas políticas. La exministra de la Presidencia, María Nela Prada, denunció que la detención fue ilegal y afirmó que su antiguo líder no tiene relación con los delitos que se le atribuyen. Aseguró que el procedimiento carece de fundamentos y que la Fiscalía debería explicar por qué se emitió una orden de captura sin desarrollar plenamente los elementos probatorios.
Mientras tanto, la Fiscalía defendió la decisión. El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, informó que la aprehensión está respaldada por una ampliación de denuncia presentada por el nuevo representante del Fondo Indígena. Según explicó, la investigación se centra exclusivamente en la época en que Arce era ministro y formaba parte de la directiva. No se lo investiga por hechos vinculados a su presidencia, motivo por el cual no corresponde activar un juicio de responsabilidades.
Mariaca afirmó que no existe persecución política y que la actuación de la Fiscalía responde al mandato legal de investigar denuncias de corrupción que afectan recursos públicos. Añadió que se han acumulado informes, auditorías y declaraciones que permiten avanzar con el proceso. “El exmandatario deberá someterse al procedimiento penal correspondiente”, señaló.
ARCE SE ACOGE AL SILENCIO, PASA A CELDAS Y ESPERA IMPUTACIÓN FORMAL
En su declaración ante el Ministerio Público, Luis Arce decidió acogerse a su derecho al silencio. Lo hizo luego de consultar con su abogado y de escuchar los cargos que se le atribuyen. De acuerdo con el Fiscal General, la entrevista informativa se desarrolló respetando las garantías constitucionales, y una vez concluida, el exmandatario fue conducido a las celdas policiales donde permanecerá hasta la audiencia cautelar.
La Fiscalía prepara la imputación formal, que será presentada en las siguientes horas. Entre los elementos que incluirá el documento están los registros financieros del Fondo, las resoluciones aprobadas bajo la gestión de Arce y el vínculo directo del entonces ministro con los proyectos que provocaron el daño económico al Estado.
Para la defensa del exmandatario, la detención es un acto político disfrazado de acción judicial. Aunque todavía no se hizo público el argumento completo que presentarán en audiencia, anticiparon que reclamarán la nulidad del procedimiento y pedirán que Arce enfrente el proceso en libertad, alegando que no existen riesgos de fuga ni de obstaculización.
Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que los indicios son sólidos. El principal elemento es la cadena de decisiones administrativas firmadas por Arce durante su gestión al frente del Ministerio de Economía, que lo ubican en la estructura decisoria del Fondo. Según la Fiscalía, esos documentos demuestran que tenía pleno conocimiento de los proyectos financiados y del destino de los recursos.