Proyecto en la Asamblea plantea legalizar vehículos indocumentados y divide posiciones entre autoridades, sectores productivos, transportistas y ministros, con criterios opuestos sobre recaudación, seguridad, control fronterizo y efectos económicos inmediatos.
La propuesta presentada por el diputado de la bancada Libre, Reynaldo Seas, que plantea la legalización y nacionalización de vehículos indocumentados y maquinaria agrícola, ha provocado una división marcada de posiciones en el país. El proyecto estima la incorporación de más de 500.000 motorizados al registro legal y una recaudación cercana a 6.000 millones de dólares. También establece que los recursos se dividan en partes iguales entre municipios y mantenimiento vial, además de excluir vehículos con denuncias en Diprove.
A favor de la iniciativa se han pronunciado actores políticos y autoridades que consideran la medida como una forma de generar ingresos y regular una realidad existente en el parque automotor.
El propio proyectista, Reynaldo Seas, sostiene que la legalización permitiría ordenar la circulación de motorizados que ya están operando en el país sin documentación. Su planteamiento se basa en la incorporación fiscal de estos bienes y en la redistribución de recursos hacia gobiernos municipales y caminos.
El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, también expresó su respaldo a una eventual regularización. Señaló que el país enfrenta una situación prolongada vinculada a estos vehículos y que su incorporación formal podría generar ingresos significativos. Sin embargo, condicionó cualquier medida a un mayor control en fronteras para evitar el ingreso continuo de motorizados sin registro.
Desde el Ejecutivo, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, adoptó una posición intermedia. Reconoció que los vehículos indocumentados ya forman parte del parque automotor en circulación y consumen recursos estatales como combustibles subvencionados. Planteó que una regularización podría evaluarse bajo condiciones estrictas, con filtros para evitar la legalización de autos robados o vinculados a hechos ilícitos. También mencionó que existen cifras divergentes sobre la cantidad de motorizados sin documentación, que van desde 400.000 hasta más de un millón.
En cambio, otras autoridades del Gobierno han rechazado la posibilidad de legalización.
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, se mostró contrario a la iniciativa. Señaló que una medida de ese tipo generaría efectos negativos sobre el cumplimiento de la normativa vigente. “No estoy de acuerdo con legalizar lo ilegal, porque eso genera una expectativa negativa y un riesgo moral muy fuerte hacia el futuro”, afirmó. Indicó además que el tema no ha sido considerado oficialmente por el Ejecutivo, aunque reconoció que se trata de una problemática de gran magnitud que requiere atención.
En una línea similar, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, sostuvo que el Gobierno está dispuesto a analizar alternativas, pero sin cerrar ninguna posibilidad de estudio técnico. Afirmó que “todo es posible” cuando se trata de decisiones orientadas al beneficio de la población, aunque subrayó que cualquier determinación debe pasar por evaluación institucional. Su posición ha sido interpretada como más abierta en comparación con la del Ministerio de la Presidencia.
Las diferencias dentro del gabinete también se reflejan en la forma de abordar el problema: mientras Lupo rechaza la legalización por principios normativos, Zamora plantea su análisis sin descartar ninguna alternativa, y Espinoza introduce una postura condicionada a controles estrictos y criterios de selección.
En el sector empresarial, la Cámara Nacional de Comercio expresó un rechazo directo a la propuesta. La entidad considera que una regularización de vehículos sin documentación afectaría el valor del parque automotor legal, impactando a quienes cumplieron con el pago de impuestos y aranceles. También advirtió que podría generarse una mayor presión sobre la demanda de combustibles y sobre la circulación urbana.
La Cámara Automotor de Bolivia se sumó a las críticas. Su representante Luis Orlando Encinas sostuvo que estos vehículos están vinculados a actividades ilícitas como contrabando y lavado de dinero. Afirmó que parte del ingreso de estos motorizados proviene de Chile y que procesos anteriores de regularización han incentivado su expansión. También planteó alternativas como la incautación de vehículos robados y la destrucción de los restantes mediante chatarrización.
El sector del transporte sindicalizado también se pronunció en contra. La Confederación Sindical de Choferes de Bolivia señaló que la presencia de estos vehículos ha incrementado la congestión en distintas ciudades. Sus dirigentes indicaron que no aceptarán ninguna medida de regularización y advirtieron que el sistema de transporte ya enfrenta dificultades por la falta de combustibles y el exceso de unidades en circulación.
En Potosí, el transporte sindicalizado declaró estado de emergencia. Dirigentes del sector afirmaron que la posible incorporación de más vehículos agravaría la saturación vial en una ciudad que ya enfrenta alta densidad de motorizados. También señalaron que existen miles de autos sin registro formal en la región, algunos con placas clonadas, lo que incrementa la preocupación del sector.
El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba, Grover García, pidió al Gobierno evaluar el impacto de la medida antes de cualquier decisión. Señaló que el incremento del parque automotor podría tener efectos directos sobre el consumo de combustibles y la circulación en ciudades con alta concentración vehicular.
Desde el Legislativo, el proyecto de Reynaldo Seas continúa en análisis y ha abierto posiciones encontradas entre quienes consideran que representa una oportunidad de recaudación y quienes advierten riesgos en el ordenamiento vehicular, la seguridad y la economía formal.
