Detenciones masivas, condiciones inhumanas y violencia física contra voluntarios internacionales desatan una ola de denuncias contra el gobierno israelí. La defensa legal de la misión humanitaria exige rendición de cuentas por violaciones al derecho internacional.
La reciente interceptación de la Flotilla Global Sumud por parte de la Armada israelí ha desencadenado una serie de denuncias por presuntos abusos graves contra los más de 400 activistas retenidos tras la operación. La misión, compuesta por 42 embarcaciones con voluntarios de diversas nacionalidades, fue detenida entre el jueves y viernes en aguas internacionales, en una zona patrullada por Israel pero fuera de su jurisdicción legal.
Según el equipo jurídico de la flotilla, representado por la organización Adalah, los activistas fueron sometidos a condiciones que constituyen “claras violaciones” de sus derechos fundamentales. Entre los testimonios recogidos, se reportan casos de detención prolongada sin acceso a agua ni alimentos, celdas superpobladas, violencia física, y restricciones religiosas, incluyendo la obligación de retirar el hiyab a una mujer musulmana.
Uno de los episodios más polémicos involucra a la activista sueca Greta Thunberg, quien habría sido arrastrada por el suelo y forzada a besar una bandera israelí, según denuncias de sus compañeros. Aunque el gobierno israelí ha desmentido estos hechos, los abogados de Adalah insisten en que se trata de tratos degradantes y humillantes, incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos.
El ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, avivó la controversia al declarar que “cualquiera que apoye el terrorismo merece condiciones terroristas”, en referencia a los activistas retenidos. Para la defensa de la flotilla, estas declaraciones constituyen una flagrante aprobación del abuso y la intimidación, además de evidenciar una postura oficial que legitima el maltrato.
Entre los deportados, varios activistas relataron haber sido esposados y vendados durante más de 36 horas, sin atención médica ni acceso a medicamentos esenciales para enfermedades como hipertensión, cáncer o afecciones cardíacas. Otros denunciaron haber dormido en el suelo, en condiciones insalubres, y sin recibir ningún tipo de alimento durante su detención.
El caso ha generado reacciones diplomáticas. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, confirmó la salida de 21 ciudadanos españoles desde Tel Aviv, mientras continúan las gestiones para repatriar al resto de los 49 retenidos. Turquía, por su parte, recibió a 137 deportados el sábado, muchos de los cuales compartieron sus testimonios con medios internacionales.
La Flotilla Sumud tenía como objetivo denunciar el bloqueo sobre Gaza y promover la solidaridad internacional con el pueblo palestino. Su interceptación en aguas internacionales ha sido calificada por expertos como una acción ilegal desde el inicio, lo que agrava las acusaciones contra el gobierno israelí.
Organizaciones de derechos humanos y colectivos internacionales han exigido una investigación independiente sobre las condiciones de detención y el uso de la fuerza contra los activistas. Mientras tanto, los abogados de la flotilla preparan una demanda ante instancias internacionales, alegando violaciones sistemáticas al derecho humanitario.
Este episodio reaviva el debate sobre el trato a activistas en zonas de conflicto y la criminalización de la solidaridad internacional. En medio de tensiones geopolíticas crecientes, la Flotilla Sumud se convierte en símbolo de resistencia civil y en foco de atención para organismos que monitorean el respeto a los derechos humanos en Medio Oriente.
Con información de Swissinfo y Telesur. La redacción adaptó los contenidos para su publicación.