Un abogado del Beni presentó recurso contra magistrados y autoridades judiciales elegidas en 2024, alegando vulneración de derechos colectivos y riesgos a la seguridad jurídica del país.
En la ciudad de Trinidad, Beni, se presentó una acción popular que apunta a suspender a los magistrados que habrían prorrogado su mandato de manera automática, así como a los funcionarios judiciales electos en los comicios de diciembre de 2024. La demanda, promovida por el abogado Percy Claure Cuellar, se encuentra en manos de la Sala Constitucional Segunda del Beni, presidida por el vocal Charles Mejía. La audiencia inicialmente programada para el jueves fue suspendida, aunque el proceso sigue abierto.
El recurso legal sostiene que la autoprórroga de ciertos magistrados afecta la seguridad jurídica y la institucionalidad democrática. Entre los involucrados se encuentran Gonzalo Hurtado, René Espada, Julia Cornejo, Karem Gallardo, Georgina Amusquivar y Brígida Vargas. Claure solicita que se declaren nulos todos los actos posteriores al 31 de diciembre y que los magistrados electos en 2024 cesen en sus funciones, instando además a la Asamblea Legislativa a iniciar un nuevo proceso de preselección de magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dentro de los próximos 90 días.
Las magistradas Paola Prudencio y Amalia Laura expresaron preocupación por el posible impacto de la demanda en el Órgano Judicial. Laura señaló un eventual conflicto de intereses, dado que Claure sería abogado del vocal Charles Mejía, quien preside la sala encargada del caso. “Este señor Claure es abogado del señor Charles Mejía. Hay acciones de libertad y acciones de amparo constitucional que se han presentado, lo que demuestra que existe una relación con él”, afirmó, según reportó el periódico La Patria.
Prudencio, por su parte, rechazó los argumentos, defendiendo la preclusión del proceso de preselección y apelando a la voluntad popular. “Pretenden desconocer el voto popular porque alegan que en la etapa de preselección hubo irregularidades”, sostuvo.
El contexto de esta acción popular se relaciona con las tensiones sobre la reforma judicial y la posible intervención de la fuerza pública. Diputados que asumirán en la próxima Asamblea Legislativa aseguraron contar con los consensos necesarios para completar la elección judicial del TCP, aunque también evalúan alternativas como la reforma judicial. “Aquí hay muchas salidas, pero la primera salida es sacarlos con fuerza pública. En coordinación con el presidente se tomará la decisión para recuperar el estado de derecho”, declaró el diputado Alejandro Reyes a El Deber.
